el agua como necesidad / antonio regalado

Chequeo al nuevo Estatuto de Autonomía de CLM-  El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado como Ley Orgánica el 10 de agosto de 1982 y reformado en cuatro ocasiones para acompasarlo al ritmo de los tiempos, no cumplirá los 25 años. Las Cortes Regionales estudian ya una proposición de Ley para una quinta Reforma que nos llevará al autogobierno en plenitud. Los padres de la patria no tendrán ningún reparo en suscribir, primero en el Congreso y luego en el Senado, lo que aprueben los 47 diputados castellano-manchegos.        

Por lo que se refiere a la financiación, visto lo visto con Andalucía y  Baleares –el precedente de Cataluña fue perverso al incluir como referencia para las inversiones del Estado el PIB regional hasta el 2013-, necesitará de una negociación complicada para armonizar parámetros como  territorio,  personas y renta ‘per cápita’, tras la posición firme del vicepresidente Pedro Solbes, que busca desesperadamente una  fórmula común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.      

El punto más conflictivo tiene fecha de caducidad: 2015. Es la apuesta de los dos partidos regionales para que el trasvase Tajo-Segura deje de llevar agua al Mediterráneo mientras no vierte una gota en los caminos manchegos. Tiene razón el presidente José María Barreda cuando afirmaba recientemente que  el ‘gran cambio de esta tierra es el posicionamiento que se ha hecho respecto al agua’.  Por eso, quizás, –sólo quizás-, el último espacio del Estatuto, la disposición transitoria segunda, en sus cinco puntos, está consagrada al agua para terminar legislando que “hasta tanto se produzca la definitiva extinción del trasvase, la Junta de Comunidades participará con voz y voto en los órganos permanentes de  gestión y control en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial”.       

Participar y mantener las cuencas bajo el control de las instituciones propias parece razonable; cogestionar, sí;  pero el Gobierno de la Nación tiene que tomar decisiones para todos. Y el agua, nos guste o no, es de todos.  Los intereses son trasversales. Estamos en condiciones de adelantar que este punto (cerrar el grifo a Levante) será enmendado en el Congreso. Así lo han confirmado a este comentarista responsables del PSOE y del PP en la Cámara Baja , parlamentarios que formarán parte de la comisión constitucional e integrarán la delegación ‘estatal’.      

Por lo demás, el ‘nuevo Estatuto’ resulta impecable. Leal al cien por ciento con la Constitución Española del 78 –tan denostada por muchos en su vigésimo octavo cumpleaños-; progresista, al incorporar los nuevos valores de fin de siglo y de principios de milenio y solidario con el resto de comunidades vecinas. Porque el alma de nuestras gentes es tan castellanomanchega como española.     

Desde esta posición, desde esta atalaya informativa de ABC, vamos a hacer un recorrido por escasas 25000 palabras del texto para saber en qué se verá afectada la vida de los ciudadanos y, en parte, lo compararemos con el texto vigente para destacar las mejoras.     

En el preámbulo que se debate en la Cámara Legislativa regional –el actual no tiene preámbulo- “se reconoce la larga historia de nuestro pueblo hasta verla construida hoy como un espacio de libertad, de igualdad, de unidad y de ciudadanía cívica, donde es obligada la solidaridad sin frontera interior alguna”.   El párrafo es demasiado largo y su redacción no es, ciertamente,  excesivamente afortunada; en realidad, los redactores han hecho honor a la austeridad del paisaje y no parece que se les haya secado el cerebro. Una lectura previa del Quijote habría servido para dar un poco de lustre literario a la Constitución Regional. Lástima de un paisano laureado como Antonio Gala  para escribir este prólogo en el que se  nos va la vida en el empeño.    

Resulta loable no invocar como fundamento de derecho  ningún fuero o privilegio que viniere de antiguo; ni apelar al pasado para ornarlos con el simbolismo de nombrarlos derechos históricos.   En una tierra donde los visigodos crearon las monarquías, la iglesia primada, los  ducados, condados y marquesados hace ahora quince siglos, no hubiera sido difícil empotrarse en la historia para justificar agravios comparativos (un victimismo secular) que sirviera para ordeñar, plañiendo, las ubres del Estado. No, se ha preferido ir en corto y por derecho,  mirar hacia delante, situar como punto de partida 1982 y ampararse en el espíritu comunero donde ‘nadie es más que nadie’.    

A renglón seguido se argumenta que la autonomía es el motor del progreso y que es preciso avanzar  y perfeccionar el entramado institucional del autogobierno; para ello, es necesario mejorar en el nivel competencial y en especial en los recursos hídricos. Como colofón, desde la unidad para construir el porvenir, Castilla-La Mancha queda comprometida con la concepción de España como un Estado social y democrático que dé nuevo aliento a la construcción de la Unión Europea.   

Tenemos por descubrir todavía el Título Preliminar, IX Títulos, una docena de capítulos y 167 artículos frente a los VI títulos, cinco capítulos y 54 artículos del texto vigente. La primera conclusión provisional es sencilla: el agua es el mensaje, el río que nos lleva directamente al corazón de la reforma.