cac: el retorno a la censura / antonio regalado

    Veinticuatro horas después de que el texto para al Reforma del Estatut de Cataluña -de hecho una estructura constitucional para la nueva "nación"- se aprobaba en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de marzo de 2006,  el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) presentaba en el Parlament  "un plan de cobertura informativa sobre el contenido del proyecto de Estatuto de Autonomía y sobre el proceso del referéndum", previsto para el próximo 18 de junio.  Se trataba de una vuelta de tuerca más para controlar los medios públicos y privados de información audiovisual.       La respuesta a esta censura previa llegaba desde el Partido Popular; el tres de abril, presentaba ante el templo de la soberanía nacional una proposición  no de ley instando al Gobierno a que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual de Cataluña al entender que se vulneran derechos esenciales de los ciudadanos catalanes como el de la libertad de expresión, expresamente protegido por el Art. 20 de la  Carta Magna.     Estaos ante dos secuencias de una guerra abierta en la sociedad catalana para restringir (y si es preciso dinamitar) las libertades. La ley mordaza Audiovisual es un pilar para asegurar la construcción nacional de Catalunya, auspiciada por el gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV)  de la Generalitat. En este informe, repasaremos la corta y polémica historia del CAC,  un organismo que intenta restablecer la censura en la radio y la televisión con el cambio de estatuto.  De hecho, el Consejo Audiovisual es un engranaje político más en la consecución de la autodeterminación. Comité anti-COPE    El martes 24 de enero de dos mil seis, un grupo de periodistas y europarlamentarios españoles, acompañados por miembros de la Asociación Reporteros Sin  Fronteras (RSF) pedían en Bruselas la intervención del Parlamento Europeo (PE) contra la nueva Ley Audiovisual de Cataluña por su "grave vulneración  de la libertad de expresión", al establecer un comité con poder decisorio sobre la "veracidad" de la información publicada.                                        Exigían, ni más ni menos, la derogación del CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) por considerar que estamos ante el principio de la censura previa.    Minutos antes, el ex periodista de la COPE y eurodiputado popular, Luís Herrero, había entregado en la comisión de Peticiones del PE 700.000 firmas de personas que solicitaban la intervención de los poderes comunitarios para  denunciar el CAC y su intervencionismo. Herrero pedía que la petición fuese escuchada  de manera "especial" no solo porque afecta a los derechos y libertades de todos los ciudadanos sino, y sobre todo, porque "se trata de la iniciativa más popular jamás conocida en la historia de la Unión".     El problema se había iniciado, en realidad,  ocho años atrás, con el entonces gobierno catalán del honorable Jordi Pujol que cambió la legislación y sacó a concurso 39 licencias de radio, algunas nuevas y otras ya explotadas por radios existentes, como las cuatro de la Cadena de Ondas Populares Españolas. De ellas, 30 se asignaron sin problemas y el resto se paralizó por las protestas de la cadena del episcopado. La Justicia ha dado la razón a la cadena de la Iglesia en su derecho a conservar una frecuencia en la ciudad condal mientras las otras tres aguardan la sentencia del Tribunal Supremo.    El conflicto se ha agudizado con el nuevo ejecutivo autonómico catalán que preside Pascual Maragall al posicionarse la COPE -y en especial todos sus comunicadores estrella- frontalmente en contra del Estatuto de Cataluña que se debate ya en el Congreso de los Diputados. El Estatut, apoyado en todo momento por el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero,  es, según el PP,  un claro asalto a la Carta Magna de 1978 que ha dividido el país de parte a parte. La inclusión de la palabra "nación" en el preámbulo del texto catalán, el blindaje de competencias y las condiciones financieras negociadas en secreto entre el líder de CiU, Artur Mas, han condicionado toda la vida política y económica (véase la Opa hostíl de Gas Natural contre Endesa) hasta el punto de que la crispación se ha instalado en la sociedad con más virulencia que nunca en los últimos tres decenios.    El proceso en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo  es lento; lo que debiera ser un una mera formalidad se ha convertido en un intenso debate. La periodista del diario madrileño "EL Mundo", Cayetana Álvarez de Toledo, tertuliana de la COPE y portavoz de la demanda pidió el amparo de las instituciones europeas contra los intentos de la Generalitat de "amordazar y acallar a la prensa" mientras comparaba al Consejo Audiovisual catalán con los "órganos censores del franquismo".   Todos los ponentes hablaron de ley restrictiva. Así, la secretaria general de RSF Anabelle Arqui en la rueda de prensa conjunta, dijo estar "sorprendida de que una ley tan restrictiva se haya votado en un país europeo".  Arqui prevé numerosas querellas ante la justicia de la UE porque la jurisprudencia es clara a favor de la libertad de expresión. Por su parte, el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramirez, otro de los firmantes del manifiesto que obtuvo el plácet de casi tres cuartos de millón de firmas apoyo a la COPE y en contra del organismo catalán se quejò de la 'mentalidad inquisitorial del CAC al negar las licencias a la radio de la Conferencia Episcopal por el hecho de que sus presentadores "rebasen" los límite de la libertad de expresión con la intención de denigrar a Cataluña. Ramírez insistió en la gravedad de la ley audiovisual aprobada por el Parlament en diciembre de 2005 por provocar -dijo-  alarma, preocupación e indignación. "No pedimos -enfatizó el periodista liberal-  ningún tipo de impunidad, ni para la COPE ni para otros; estamos sometidos a la Ley y al Código Penal".  El lobby catalán en Bruselas se movió con rapidez para contrarrestar la información y los argumentos de la delegación periodística y europarlamentaria que  protestó por la no renovación de licencias en Cataluña y por la amenaza de cierre. Dirigentes de la Generalitat desmintieron cualquier intención política detrás de la aplicación  "escrupulosa", dijeron, de la ley en la redistribución de licencias de 1998. La guerra no había hecho más que empezar. En el fondo, la mar de dudas constitucionales surgidas a raíz del debate y aprobación en ponencia y comisión del Estatut. "No es una reforma estatutaria -subrayaba el líder de la oposición, Mariano Rajoy- sino una reforma encubierta de la Ley de Leyes.  Por siete votos contra cinco, el Tribunal Constitucional acaba de rechazar  el recurso interpuesto por el PP en un intento de 'parar' lo que el partido conservador considera el "mayor error histórico de la reciente democracia, de consecuencias imprevisibles y que puede desembocar en un cambio de régimen".    Pero ¿qué es el CAC? ¿qué funciones tiene encomendadas por la ley audiovisual y qué temores ha levantado dentro y fuera de Cataluña? ¿Estamos ante el regreso a la censura? ¿Hemos vuelto a la censura previa propia del franquismo? o ¿estamos ante la reencarnación de la inquisición abolida (oficialmente) por la Constitución de 1812? Estos y otros interrogantes son los que trataremos de desvelar en las próximas líneas.   1. Una autoridad independiente   El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) nace por la Ley 2/2000, de 4 de mayo y amplia competencias sancionadoras en materia de comunicación audiovisual tras refundir el texto en la Ley 22/2005 de 29 de diciembre.   Realmente lo importante en éste, como en otros casos, no es la norma sino el reglamento. Ya lo adelantó a principios del pasado siglo el conde de Romanones: “Hagan ustedes las leyes –explicaba en sede parlamentaria- y déjenme a mi los reglamentos”.  Por eso, conviene detenerse en el Reglamento que desarrolla la Ley Audiovisual y que pone en valor el CAC. El Estatuto posee rango orgánico, o sea, interesa a derechos y deberes de los ciudadanos. En su artículo 1 se define como “un ente público de carácter institucional que, como autoridad independiente dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica de obrar, tanto en el ámbito publico como en el privado, actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.”       A continuación (art. 1.2) el Consejo  dice “velar por el respeto de los derechos y las libertades que, en el ámbito de los medios recomunicación audiovisual , de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, son reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía y especialmente, garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la programación y la publicidad y de las condiciones de las concesiones así como por la observancia de la normativa europea y los tratados internacionales relativos a esta materia.  El CAC velará, asimismo, por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural en el conjunto del sistema audiovisual de Cataluña; velará por la neutralidad y la honestidad informativas y preservará el cumplimiento de las normas relativas al uso de la lengua catalana y el impulso del aranés”.  Todo el poder, pues, para el CAC. Y en todos los ámbitos.  La independencia de la autoridad audiovisual se completa jurídicamente al consagrar  el artículo 2.1 “su autonomía orgánica, funcional y presupuestaria”.    Los siguientes artículos se refieren a la composición de los órganos del Consejo y de su régimen general; fija las prerrogativas del presidente y de los consejeros, articula los debates y votaciones y define el régimen de incompatibilidades en aras a mantener sus funciones con objetividad e imparcialidad.     El articulo 15 crea los colaboradores técnicos de los miembros del Consejo para asistir de forma puntual a los  consejeros en las materias propias de su ámbito de responsabilidad. (Tiene importancia la contratación de estos colaboradores que pueden tener carácter eventual,  para elaborar informes ‘a la carta’ que  sean sancionados posteriormente de forma políticamente correcta.  La administración del Consejo consta de una Secretaria General e integrada en Áreas:    - Servicios Generales, Recursos Humanos y Gestión Económica, An&a