huelga de ley / antonio regalado

    Las vacaciones masivas no han permitido como en años anteriores que  las serpientes de verano se adueñen de la actualidad. La guerra del Líbano, el silencioso proceso de paz, la delegación de poderes del tiranosaurio Fidel en su hermano Raúl tras su estrés extremo por haber respirado en exceso aires de libertad en Argentina, la ocupación de las pistas del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, por unos huelguistas ilegales y el descubrimiento de una ciudad visigótica en la Vega Baja de Toledo, allá donde el Tajo cincha a la ciudad por el oeste están dando alimento a nuestros lectores mientras se confirma que la testosterona de Landis es más sintética que la aspirina de Bayer.  

 Pero, sin duda, la noticia política de la semana,  ha sido, la presentación del primero de los recursos en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. ¿Dónde estaba el líder? Lástima que el PP en sus tiempos de mayoría absoluta, no instaurase el recurso previo de inconstitucionalita,  que tanto criticó a Felipe González. Ello nos hubiera ahorrado los disgustos que están por venir. Porque lo peor del ‘Estatut’ está por llegar con su desarrollo contra Madrid.      Federico Trillo-Figueroa  y Soraya Sáez de Santamaría han elaborado un texto jurídico, serio, riguroso y anclado en la doctrina del Alto Tribunal, que será todo un reto para los 12 magistrados del Constitucional. Han recurrido 114 de los 233 artículos –y 12 de sus 22 disposiciones- argumentando que se trata de impedir que los daños se conviertan en irreparables. Quizás, demasiado tarde. Es probable que no haya pronunciamiento del TC hasta después de las generales cuando el texto esté en pleno funcionamiento. ¿Estamos ante una Constitución paralela? Para los juristas populares sí.

Las 408 páginas que me he leído de arriba abajo están llenas de sentido común. La palabra nación, la lengua catalana como exclusiva y excluyente; la diferencia de deberes y derechos entre españoles, la ‘federalizacíón’ de la Justicia, el blindaje de competencias, las relaciones de igualdad entre el Estado y la Generalitat y la financiación propia e insolidaria no dejan margen para el autoengaño: estamos ante un texto claramente anticonstitucional que pretende cambiar el modelo de Estado.     

Las respuestas no se han hecho esperar. El Gobierno dice estar tranquilo y acusa al PP de ignorar y pisotear la Carta Magna.  Los convergentes, como no podía ser de otra manera, aseguran que es una agresión a Cataluña; ERC habla de cruzada contra las autonomías e IU de deslegitimación.  El PP ha abierto las puertas de par en par para que recurran el Defensor del Pueblo, Valencia, Aragón y La Rioja.     

Hay que congratularse por la iniciativa popular. Nadie debe quedar la margen y menos estar por encima de la ley. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa el asunto más delicado de sus veinticinco años de existencia. De su sabiduría depende que España siga mirando al futuro desde el faro de la Transición, que volvamos  la vista a los Reinos de Taifas o algo peor: que nos quedemos petrificados en la II República.    

 En  última página del dictamen, Federico Trillo, redactor del  “pacto del capó” que acabó con la pesadilla del 23.F, que defenestró políticamente a Corcuera cuando nos quiso hacer tragar con las ruedas de molino de la ley de la “patada en la puerta” , finaliza su argumentació con dos otrosí, en los que dice: a) que se solicita del TC que acuerde la tramitación prioritaria y urgente y b) que recabe del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados y del Senado el expediente de elaboración, tramitación y aprobación del Estate a efectos de formarse un mejor juicio y de disponer de información completa. Largo, pues, me lo fiáis.   

Mientras tanto, y a pesar de los calores de agosto, convendría que los partidos políticos fueran tomando conciencia de que el recurso previo de inconstitucionalidad ( en vigor entre 1979-UCD y 1985/PSOE-Derogación)  y la normativa actual de huelga (Real Decreto-Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo) precisan de una urgente actualización para que la vida política no se encanalle por un texto estatutario provocador o para evitar que 500 trabajadores de Iberia asalten ilegalmente las pistas de un aeropuerto y la ‘lógica policial’ permita maltratar a miles de pasajeros durante tres días por la inhibición del Ejecutivo de la Nación.    

La huelga de leyes, la orfandad legislativa en materia laboral, para no enfrentarse a los sindicatos, -el voto es el voto- hace que los contribuyentes nos sintamos indefensos. Hay huelga de leyes. ¿Por qué no se ha desarrollado el articulo 28. 2 de la CE sobre el derecho de huelga?  Desde el poder es mejor siempre mirar para otro lado.  Rubalcaba asegura que “arreglaría poco este problema y que, además, hay que hacerla por consenso”. ¿Y los Estatutos no?   

El espectáculo que hemos dado al mundo desde Barcelona, es ejemplarmente pernicioso. Y eso permite a los nacionalistas reivindicar su gestión y competencias por la inacción del Estado. En suma, menos mandar, menos guardar silencio como si fuéramos una manada de corderos  y más gobernar. Gobernar es decidir. Actuar. No templar gaitas hasta que la tormenta amaine. Ya dejó escrito Winston  Churchill que “la cometa sube más arriba cuanto mayor  es el viento en contra”.