la casa y la hacienda / antonio regalado

     Hemos querido dedicar un comentario específico a la vivienda porque según los datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)la adquisición de un piso es el problema número uno para la mayoría de los españoles. La subida de los tipos de interés del BCE, próximas al cinco por ciento,  hace que cada ‘cuartillo’ (25 céntimos) hacia arriba suponga una sangría económica para quienes disfrutamos de una hipoteca.    

El relator de Naciones Unidas que acaba de visitar España se ha ido escandalizado de los precios y sobre todo de la exclusión que supone para muchos jóvenes no poder acceder a un piso propio. Porque es un privilegio tener una hipoteca. La banca está cerrando el grifo crediticio. Se olfatean vientos de crisis en el sector, quizás, porque la corrupción del ladrillo es demasiado obscena.    

 ¿Qué dice el nuevo Estatuto en materia de vivienda? Más bien poco. El artículo 144 atribuye a la Junta de comunidades de forma exclusiva la materia de vivienda, que incluye, en todo caso: planificación, legislación, fomento y promoción pública, inspección y control, normas técnicas de habitabilidad, mantenimiento y condiciones de infraestructuras.     También asume responsabilidades en la regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de medidas de protección y disciplina en este ámbito. Concluyen las competencias  subrayando el establecimiento de las condiciones de los edificios para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía básica y otros servicios por cable. Punto y final. Creo que en este apartado, los legisladores tienen mucho que aportar y en especial, la oposición. Los populares que lidera Dolores de Cospedal tienen una ocasión magnifica para presentar una alternativa que mejore el texto y dé confianza a los contribuyentes.  Me resisto a creer que los socialistas no amplíen las propuestas iniciales. Confiemos en que durante el debate tanto en comisión y tras escuchar a los expertos del sector, se vertebre un  texto ilusionante.   

Ponemos  rumbo a la estación término, al final del trayecto desmenuzando la política económica y la financiación. Bien sabemos los que llevamos muchos años trabajando en las Autonomías que sin financiación no hay autogobierno. Por ello el titulo VIII se dedica a fijar los principios de la política económica (creación de riqueza, pleno empleo, calidad de vida, solidaridad territorial, apoyo a los más desfavorecidos y a las zonas más deprimidas) y a la financiación.    

La financiación se rige por los vectores  de la autonomía y la suficiencia y el gasto permitirá asegurar el disfrute de servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos de España”. El gobierno regional asegurará el proceso de convergencia con el resto de comunidades y dispondrá de los siguientes recursos: Rendimientos de sus impuestos, tasas y contribuciones especiales; tributos cedidos y  participación en los ingresos del Estado; recargos, fondo de compensación  interterritorial,  trasferencias de los PGE, ingresos procedentes de la Unión Europea , emisión de deuda, rendimientos de patrimonio e ingresos por multas y sanciones. Asimismo, se generan ingresos por los tributos cedidos (Impuesto del IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, tributos del juego, IVA, impuesto especial sobre la cerveza, vino y bebidas fermentadas, hidrocarburos, tabacos y electricidad.    

La aplicación de los tributos propios y cedidos así como la recaudación de los demás ingresos de la Junta se encomiendan a la Agencia Tributaria de Castilla-La mancha. Esta figura  es un calco de la reclamada en otras comunidades socialistas. Y un punto más para el desencuentro con los populares. El punto medio a este problema será el de compartir información con la Agencia Tributaria que depende del Ministerio de Economía. Nos alegra que los Gastos e Ingresos de la Comunidad Autónoma opten por la estabilidad presupuestaria que recomiendan tanto el Gobierno Central como la normativa de la Comunidad Europea.  Ponemos punto final –ahora sí- recordando que el Título IX y el último articulo del Estatuto (el 167) consagran los mecanismos de la Reforma del propio texto. La reforma conlleva el plácet de dos tercios de las Cortes –es decir, ha de hacerse por consenso- y  ser ratificado por el Congreso.  

Las disposiciones finales son muy complejas. Así, la adicional primera establece que “la inversión anual en infraestructuras del estado en Castilla-La Mancha, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será, al menos, equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del Producto Interior Bruto con relación también al del conjunto nacional y el porcentaje que representa la extensión territorial de la Comunidad sobre la extensión total de España”. Estamos seguro que Pedro Solbes no se alegrará demasiado con la fórmula si a ello le añadimos que la disposición adicional segunda exige inversiones de convergencia extraordinarias del uno por ciento del PIB castellanomanchego.     

Los cinco apartados en que se divide la disposición transitoria segunda, son lo cinco pilares en los que se sostiene el aislamiento al que ha estado sometida la Comunidad en materia de agua. Pretende legislar que el agua que recorre nuestra tierra calme la sed de nuestros campos y de nuestra gente. Y, entre tanto, se exige participar con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura hasta que se produzca la definitiva extinción.  ¡Agua! ¡agua!. Ese es el grito del cambio que moldeará nuestra casa y nuestra hacienda al menos hasta el 27 de mayo.