los derechos al agua / antonio regalado

    Habrán observado, amigos lectores, que en el relato lineal que les estábamos contando a lo largo y ancho del texto estatutario dando cuenta de las competencias, habíamos dado un salto cualitativo. Concretamente, salvamos los artículos 96 al 102, dedicados  obsesivamente al agua. No hubo, pues, tal omisión. Fue una acción deliberada.  Anoten estos eslabones de la cadena estatutaria porque una buena parte del discurso político de los próximos meses –incluso de los próximos años- va a discurrir por ellos  como piedra angular de la ‘construcción nacional’.        

Para empezar, digamos que la política del agua encabeza el rosario de competencias. Y no es casual. Reiteramos que la filosofía que anima lo que será la nueva constitución regional, es como un río que nos lleva... el cambio real de mentalidad en los políticos de la Región.         

 “Los ciudadanos de Castilla-La Mancha, tienen derecho (Art. 96) a disfrutar del agua y del desarrollo económico que procura este recurso natural y el deber de hacer un uso responsable y sostenible del mismo”.  A continuación, se extiende el derecho a la implantación en todos los municipios de unos servicios adecuados de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas mientras se establece el uso preferente de los recursos hídricos para el consumo humano, desarrollo económico e industrial, agrícola y ganadero así como para el sostenimiento medio ambiental.    

Hemos llegado a la almendra central del Estatuto, al corazón de la reforma, al alma del consenso para que el agua se quede, al fin,  en el camino. El párrafo escrito anteriormente refleja que la prioridad es recuperar el protagonismo sobre el líquido elemento para que sirva a la comunidad.      

La Junta adquiere el firme compromiso  de “desarrollar todos los instrumentos necesarios para proteger el agua frente a cualquier forma de contaminación y de velar por su uso sostenible y por las reservas de agua necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna, especialmente  de aquellas calificadas en situación de riesgo de extinción”. Estamos blindando el agua de forma integral.     

Los poderes públicos, siguiendo el mismo hilo conductor, velarán para evitar cualquier transferencia de aguas a otras cuencas hidrográficas y al establecimiento de políticas de planificación garantizando agua para todos aquellos proyectos que conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado.     

Insisten los redactores en el articulado que la Junta tiene atribuidas de forma exclusiva las masas de agua intracomunitaria, la gestión y protección de recursos en el marco de la planificación estatal.  El artículo 100 precisa que la Junta interviene en los procesos de planificación de los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero.   La Junta será la titular administrativa de las reservas de recursos hídricos que se establezcan, participará en el otorgamiento de concesiones y podrá suscribir convenios con la Administración General del Estado y con otras Comunidades limítrofes.      

En esta dinámica participativa y de cogestión hay que entender el texto artículo 101 que desarrolla la participación de dirección, planificación y gestión de las cuencas hidrográficas; se solicita que tengan sede en el territorio los órganos administrativos de gestión

 de cuenca y se atribuye las competencias en exclusiva sobre la explotación de las obras hidráulicas públicas y el regadío,         Como no podía ser de otra manera se cierra el ciclo creando la Agencia del Agua, instrumento para el ejercicio de las competencias atribuidas en el presente Estatuto.  La guinda del pastel nos remite al final, quizás porque con decía Woody Allen, lo importante es el final. Así es que enlazamos estos pasajes sobre el agua con la disposición transitoria segunda en las que se velará para que el volumen de agua trasvasada desde el Tajo a Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción que en todo caso se producirá en 2015.     

No lo podrían haber dicho con más precisión. La apuesta que Gobierno, socialistas y populares han hecho mitifica la fecha. Lo dijimos el primer día y es nuestra obligación reiterarlo ahora: este es el punto –no por inconstitucional sino por ser políticamente perturbador- más polémico de todos. Provoca enfrentamientos en el PSOE y en el PP de Levante y Murcia y levanta dolor de cabeza en Ferraz y Génova. Zapatero y Rajoy no van a quedarse sin discurso en Levante. Así es que estamos hablando de la madre del cordero o de la  madre de todas las batallas. El Congreso dirá no. No a cerrar el grifo del trasvase. La unidad de los castellanomanchegos es más esencial que nunca para que la política del agua  beneficie a todos. Hay que mojarse.