gobierno local / antonio regalado

   El Título VI (art. 76) dispone que Castilla-La Mancha, se organiza en municipios y en provincias, que gozarán de autonomía para el gobierno y la gestión de sus respectivos intereses en el marco de la Constitución , del presente Estatuto y de las leyes. Se articulan mecanismos de cooperación con los gobiernos locales; asimismo, se podrán dictar normas para reconocer la comarca como entidad local con personalidad jurídica propia. Se delegan competencias en las corporaciones locales y se potencia el Consejo de Gobiernos Locales como órgano de representación de los municipios y provincias en las instituciones de la Junta.    

El municipio en la entidad básica de la organización territorial. La cooperación Junta-Ayuntamientos se fundamenta en la autonomía y en la lealtad. Principios como la subsidiariedad y la diferenciación; la autonomía, la suficiencia y la no discriminación financiera (por razones partidistas) conforman la filosofía de todo el texto. Se establece el ámbito de competencia propio, las materias objeto de transferencias, veinte, que van desde el consumo a la vivienda pasando por a Inmigración, la educación, la protección civil,  la sanidad o el turismo.       

Lástima que no se desborde de competencias a las Diputaciones, que deberían convertirse en los verdaderos gobiernos de las cinco provincias. Eso se llama descentralizar y acercar el poder de decisión a los ciudadanos. Es decir, ampliar la democracia.  La cláusula general de competencias (art. 93) recoge que corresponde a la Comunidad Autónoma todas las materias  y competencias constitucionalmente posibles que no estén atribuidas expresamente al Estado. El inventario es exhaustivo. Por lo que respecta a los aspectos jurídicos e institucionales los extractaremos telegráficamente: régimen local, empleo, corporaciones de derecho público, profesiones tituladas, notariado y registros públicos, protección de datos, asociaciones y fundaciones, consultas populares.    

De la sección económica, destacamos: Planificación y fomento del desarrollo económico, promoción y defensa de la competencia, propiedad intelectual e industrial; crédito, banca, cajas de ahorro, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social; actividades comerciales, consumo, minas y energía, agricultura y ganadería, montes y recursos forestales, industria, artesanía, control petrológico y contraste de metales, transportes y Turismo.     

La sección 4ª (Seguridad Pública), articulo 128, consagra que la Junta tiene atribuida de forma compartida la seguridad pública en Castilla-La Mancha. Su ámbito de competencial lo ejercerá por sí misma o articulando fórmulas de cooperación y colaboración, incluyendo la posibilidad de adscribir unidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la Comunidad Autónoma.    No parece que haya ni intención ni voluntad política de tener policía propia aunque se mantendrá la coordinación formal y la formación de las Policías Locales.  También se mantienen de forma exclusiva las competencias en protección civil y emergencias.  En estos dos últimos puntos, los populares mantienen serias discrepancias. Tras los incendios de Guadalajara y Galicia, Mariano Rajoy ha propuesto que el Estado recupere estas competencias para poder actuar con rapidez por encima de las fronteras interiores en casos de extrema gravedad.    

En Trabajo e integración social, la Junta tiene atribuidas competencias compartidas que van desde las políticas activas a la negociación colectiva, conciliación y arbitraje.   Por supuesto, la Junta también en exclusiva la competencia en cooperativas y economía social, promoción de las familias, políticas de igualdad, inmigración e inmigración.     

 La exclusividad de responsabilidades se extiende a la educación no universitaria, a las Universidades, a la investigación e innovación tecnológica. La cultura, el patrimonio, museos, bibliotecas y demás centros de depósito cultural que no son de titularidad estatal. La Junta ostenta atribuciones sobre las políticas de juventud.    

Y hay todavía más transferencias. La administración castellanomanchega es la responsable de las políticas de salud (Sanidad y Farmacia). Por lo que atañe a las actuaciones sobre el territorio, el nuevo Estatuto recopila minuciosamente  sus atribuciones en el emplazamiento de las infraestructuras, el equilibrio territorial, el urbanismo y la regulación del suelo urbanizable; las obras públicas, las infraestructuras del transporte, la vivienda –nos detendremos posteriormente en este punto- el medio ambiente y los espacios naturales.   Deporte, caza y pesca; el ocio y las competencias sobre la sociedad de la Información y de la imagen conforman el resto de responsabilidades gubernamentales.       

Si no fuera porque la lealtad constitucional no se cuestiona en nuestra tierra, podría decirse que estamos a cinco minutos de la soberanía. O del poder de decisión. Aquí hablamos de responsabilidad y solidaridad para acercar las soluciones a los problemas de los ciudadanos.       

Las trasferencias que lleguen en el futuro no son una cuota para tener más o menos poder sino que conllevan más responsabilidad. Porque eso es el autogobierno: responsabilidad para con los contribuyentes. Al fin y al cabo, democracia es saber en qué se gasta hasta el último euro de los ciudadanos.    

Por tanto, a más competencias, mayor es el deber de administrar los talentos que se nos ceden desde el poder central, con austeridad. ¿Va a acometer el gobierno regional trasnferencias a los entes locales para acercar las soluciones a los castellanomanchegos?  Una vez aprobado el Estatuto convendría una descentralización a nivel regional para no ahogar a los municipios y a las diputaciones por servicios que nadie sabe por qué se llaman ‘impropios’, es decir, los que prestan las administraciones sin obligación, por ejemplo, la inmigración o la sanidad. Pero este es otro tema . Aún puede corregirse en el tiempo de enmiendas. El debate en sí no ha comenzado entre el PSOE y el PP.