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Bahía de Ítaca

cuarenta años y un dia /Antonio Regalado

Han pasado como un suspiro. Sobre todo el día de ayer. Aquel segundo jueves de abril amaneció gris. Y desapacible. Saqué billete de ida en la estación de mi pueblo natal, Aldehuela de la Bóveda. Me había juramentado no volver a casa con las manos vacías. La muda en la maleta de madera, herencia de la guerra y ciento veinticinco pesetas en el bolsillo eran todo el equipaje. Dos bocadillos de chorizo, salchichón y queso  caseros  envueltos en papel de periódico engañaron el hambre toda la jornada.  Era la séptima vez que arribaba a Salamanca.

La locomotora de carbón lanzaba humo y arenilla negra que impregnaba todo el recorrido. Abrí la ventanilla para que el aire refrescara mi rostro.  No tenia miedo porque atrás no dejaba nada. Agradezco a mis padres,  que no me impidieran continuar mi camino. Nada me  podían dar y nunca les aporté nada tampoco. Pero me ofrecieron libertad, -las oraciones mi madre fueron decisivas- y un consejo: "No olvides nunca -me dijo mi padre minutos antes de subir al tren- que lo más importante, hijo, es ser honrado y trabajador".  Tardamos seis horas y media en llegar a Madrid.  Las murallas de Ávila vistas desde el oeste resultan inexpugnables. Cada kilómetro que me alejaba de casa era uno menos en un viaje sin retorno hacia i sueño inalcanzable: ser periodista.  El reclamo de "Caramelos Paco", pintado  sobre los  peñascales del recorrido me retrotraía a los años de colegio trinitario. La sierra y el túnel me parecieron interminables.

La Estación del Norte, en Madrid,  me impactó nuevamente por su armadura de hierro estilo Eiffel. Compré el diario “YA”. Mi madre era suscriptora de la edición dominical. Allí había leído a Pedro Mario Herrero, una frase que me persiguió (me iluminó, mejor) durante cinco años; “Que no sea agricultor  –escribía- quien no tenga agallas para arañar la tierra””. Servidor, me dije. Deserté del arado en la sementera siguiente, cuando por vez primera abracé una mancera con la mano izquierda. Los bueyes tiraban como leones. Era incapaz de controlar la yunta. El recorrido no debió superar los cincuenta  metros. Me pareció un tiempo maratoniano. E imposible. Mi suerte estaba echada. “Hay que salir de aquí”, recuerdo que me dije. "Sin mirar atrás".  La consigna desde entonces fue, es y sigue siendo: "siempre adelante".

Preguntando, como hacemos los paletos, llegué hasta el metro de Ríos Rosas y de allí, desde las cocheras de La Continental a Alcalá de Henares. La ciudad terminaba por el sur, en la carretera de Pastrana y en la Puerta de Madrid, junto a la muralla desvencijada. Y a partir de aquí, huertos y lecherías reconvertidos hoy en ladrillos millonarios.   Mi tía Dora –la mujer más generosa que he conocido- me acogió.  Me trató y me trata  como a un hijo y yo la he querido (y quiero) como a una madre. Ayer llamé para recordárselo como cada primavera. Ella lo sabe pero tenía que escribírselo alguna vez. Y ésta  es una ocasión excelente. Era demandadera del convento de Las Catalinas. Y compartimos café negro y cientos de horas y horas nocturnas, yo estudiando y ella cogiendo puntos a las medias… para poder llegar a final de mes. De ella aprendí que cuanto más se da, más se tiene. MI madre siempre tuvo celos de ella porque cuando ya pasaba algunas temporadas, o acudía esporádicamente, siempre le respondía, movido por la rutina. "sí, tía…"  Nunca me dijo nada, pero le dolía tanta ausencia.

Veinticuatro horas después me encontró trabajo en Suwide Española, S.A., una fábrica de papeles plásticos (hoy abandonada) que revistió las paredes de los grandes hospitales franquistas de medio país. De aquel entonces me viene un regusto amargo por los paramentos  entelados. Me gusta la pintura blanca.

En la patria de don Miguel -de ahí mi quijotismo permanente-  estudié el Bachillerato Superior, el PREU e ingresé en la Universidad.  Aquí empecé a amar el cine de los sábados, en  sesión continua  y programa doble. Tenía tantas ansias de hacerme periodista que  la carrera fue un paseo académico. Trabajaba y estudiaba  dieciséis horas diarias, incluidos sábados y domingos. Diecisiete  años seguidos, día a día, noche a noche y luna llena a luna llena, desde que salí del seminario, culminaron en mi condición de periodista en RNE.  “Tengo, que conseguirlo, tengo que conseguirlo”, fue el pensamiento dominante y único en cada despertar. “Adelante”. 

No lo resalto como mérito  - han pasado tantos años que no me acuerdo del esfuerzo y además no  tenía otra alternativa- sino como método de trabajo.  Cuando se viene desde abajo y desde tan lejos,  uno es la décima parte del esfuerzo personal, de la inversión que realiza. La vida viene condicionada, en especial, por el sacrificio que uno haga entre los 18 y los 25 años. Hay que aprovechar cada oportunidad. Y tiene que procurar su propia suerte. Yo me así al periodismo como tabla de salvación.  En mi descargo tengo que precisar que nada me ha sido más fácil y  ni más agradable. No me cansa.

Media docena de mujeres se cruzaron en mi camino y en mi corazón: Cruz, Carmen, Clemen, María, Regina, Sandra  Amores y desamores, en su mayoría platónicos, se han entremezclado y superpuesto como en una película de aventuras. Quise más a la que más me quiso. Me enamoré en exceso de las dos personas que apenas me quisieron y no pude amar desmesuradamente  a quienes me brindaron su ternura.  Aún conservo un par de amigos del colegio  Marcial Alvarez y Luís  Sanz y otros cuatro (Carmen Olivera, Ana Gavín, Gregorio  Parra y Gerardo  Sáez) de carrera y profesión, respectivamente. 

A nada ni a nadie he sido más fiel en mi vida que a este oficio de juntar palabras y a la libertad.  La SEPI dice ahora - ¡qué sabrán ellos desde sus despachos de caoba!- que he cometido un delito: estrenar  58 años. Estoy en la lista negra, en  la galería de condenados a muerte laboral, de los  prejubilables de la RTVE.  Malhaya su burocracia. Nunca les perdonaré que me roben siete años de mi vida activa después de 13.000 jornadas cotizadas a la Seguridad Social y de miles y miles de horas robadas al sueño y a la familia.  Sigo en la brecha. Con la misma ilusión del becario que comenzó en Nuevo Diario, con Ramón Melcón, Yale, Soto, los Muniaín, Santiago López Castillo y  Martín Ferrán.  No  van a jubilar mi pasión por la actualidad.  Además de esta pasión, tengo que confesarlo, no sé hacer otra cosa.  Dar clases en la Universidad me ha rejuvenecido; jugar al tenis, leer, gozar del cine  y escribir  y  me ha permitido, además, ser más libre y humilde  todavía aunque la vanidad se rebele en tardes como ésta. 

Me he pasado más de veinte años viviendo en los Palacios del Congreso y del Senado, siendo testigo privilegiado de los  aconteceres políticos. He visto tanto que apenas creo en nada ni en nadie. Solo me impresionan los hechos. En este tiempo trabé amistad con Adolfo Suárez –el Suárez del CDS-; él  me descubrió que nadie es más que nadie y que hay que perder el miedo al miedo. Una lección que nunca olvidé y que cambió mi vida.

Aún me quedan asignaturas por aprobar. Me hubiera gustado saludar a Woody Allen; un día  nos cruzamos por la acera en  el corazón de la Gran Manzana neoyorquina  -unos pasos atrás caminaba Andie MacDowell-   pero no me atreví a  estrechar su mano.

Gracias a  este  trabajo he recorrido medio mundo, he estado en lugares dónde no se puede acceder con todo el oro del mundo y he visto amaneceres en cuatro continentes. También aprendí que los cielos son siempre azules y que las buenas personas abundan en todos los rincones de la tierra.

He tenido salud a raudales, -nunca he padecido ni un dolor de cabeza-, me he reído demasiado, he sido tan pobre que nunca me han intentado sobornar y he creído desesperadamente en la libertad y en la honradez del ser humano. Me enorgullezco de que mi padre fuera labrador – la tierra, siempre la tierra pone su olvido por medio-, y que como él, nunca he  tenido alma de esclavo. He cometido errores, demasiados, quizás-,  pero el cómputo final de estas cuatro décadas y un día, viviendo de pensar y de escribir ha sido positivo. He hecho lo que quería.  Sigo haciendo lo que deseo y me he dedicado a trabajar divirtiéndome. Todo un privilegio. “Y al cabo", puedo decir con don Antonio  Machado, "nada os debo, debeisme  cuanto escribo…”  aunque aún me queden letras por pagar de la vivienda nueva.

Hoy, redacto estas líneas, en mi tierra, ligero de equipaje, a un tiro de piedra de Salamanca con la autovía.  Como cada año, he vuelto para la procesión del Jueves Santo. He pujado en dura lid para sacar el Cristo del templo.  Y he hecho el relevo justo enfrente de lo que fue nuestra antigua casa solariega de adobes y de piedra. Esta tradición la aprendí de mi padre y  no me gustaría perderla mientras viva.  ¡Cuarenta años y un día¡ En las últimas veinticuatro horas, en ese día después tras 40 años de destierro involuntario, -marché a Madrid; las otras salidas hubieran sido a Francia, Alemania, Suiza, Barcelona o el País Vasco-,  he comprendido  al fin, la importancia de haber echado raíces… aunque no se sienta uno extranjero en ningún lugar.

La vida, el amor,  –creer en el futuro, tener fe y esperanza; un hombre vale lo que vale su esperanza - es lo único que mantiene en pie a un hombre solo después de tan larga travesía. Sigo caminando hacia Ítaca como un buscador. Un buscador  -ya saben- es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Mis padres yacen aquí. A mí, por el contrario, no me desagradaría  que mis cenizas se esparciesen en tierras de nadie o en mar abierto.  Uno es de donde le han querido. Y Madrid es demasiado grande y generoso. Nadie nos preguntó nunca el origen ni el destino. Y yo, yo retorno a la procesión del Cristo, todavía, como un peregrino cada Jueves Santo.

Perdonen queridos lectores que les haya hablado de mí siquiera un día después de los catorce mil seiscientos atardeceres que falto de mi pueblo. Es más esencial el principio que el final: lo que importa es no perder nunca el camino de regreso.

Y Bono cogió su fusil / Antonio Regalado

                              
 
Ahora parece fácil predecir que la distancia más corta entre el presidente Rodríguez Zapatero y el ‘ministro’ José Bono eran el Estatuto de Cataluña y la negociación con Eta; pero las diferencias son de mayor calado. Es un problema de asimetrías. Zapatero ascendió a La Moncloa en una España vestida de luto y se  amparó en el ex presidente castellano-manchego para elevar el rango paritario de sus “peneenes”. Fue, con Solbes, un soporte de credibilidad en un gobierno errático y mediocre  en el que han destacado tan sólo el economista Sevilla y el humanista López Aguilar.
Bono se va por propia voluntad tras haber aprobado las leyes de la Defensa Nacional, de la Carrera Militar y de Tropa y Marinería. Pero se dejó los primeros jirones de su vida política minutos antes incluso de tomar posesión cuando ordenó el repliegue de nuestras tropas en Irak. De su testamento militar, destacamos, además, el aumento del sueldo a los Ejército y la, firma como último acto de servicio, el decreto de organización y despliegue en los Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada.
Bono es hombre de extremo centro; con convicciones. Y al que no le acompleja hablar de España, de la unidad de la Patria y de anteponer el derecho de las víctimas frente al de los verdugos de ETA. Un hombre de la Transición, moderado. Las cesiones de ZP a los nacionalistas y separatistas de ERC, sus enfrentamientos con el PSC y en especial con Maragall - lo último la cesión del Palacio  de Monjuich-;  el acercamiento a Chávez, la política antinorteamericana  y  sobre todo, la vertiente  republicanista del presidente  en los últimos días – Bono es amigo íntimo del Rey-  han colmado el vaso de su paciencia. Bono era un desclasado en el seno de un gobierno frentista que  hunde sus raíces en la tercera y negra  década del pasado siglo.  Zp lidera con los ‘galeuscos’ un cambio de régimen que un hombre de principios no puede consentir. Por eso se va. Es un alivio no haber sido diputado porque así no tuvo que tragarse el sapo de votar el Estatut, ese texto que según  Alfonso Guerra “nos retrotrae a la caída de la URSS”.
El jefe del Gobierno no ha escatimado adjetivos elogiando al titular de Defensa y se ha comprometido a “hacer todo lo posible” para que siga en política.  Pero de lo explicado en su despedida, parece que no. ¿Algún cargo institucional? “En los últimos tiempos me ha tentado con algunos”.  Alegar razones familiares para la retirada es comprensible pro insuficiente;  pensar que un “animal político’ como él,  se va a dedicar a otra cosa –“a mí de la política no me hecha nadie; ni el Estatuto de Cataluña”- resulta chocante; pero ha estado convincente al anunciar que  deja la política activa. “No voy a entrar en la oposición”.  .  Presentó la dimisión por escrito hace tres meses. Se va en paz consigo mismo. “No voy a atacar ni a mi partido ni mi presidente; hoy lo que quiero es decirles que el ministro 427 de Defensa, se va; me siento español hasta los tuétanos; me emociona la bandera y el himno nacional porque significan libertad. Me emociona mi país.”  Se fue por la puerta grande del Consejo de Ministros pidiendo perdón. Le honra. Bono vuelve a casa, a su casa de Olías del Rey Toledo);  con su esposa e hijos. Pero regresará –ojala-  algún día al ruedo político. Lo haría siempre en clave socialista. Nadie como él gestiona los tiempos.  Bono cogió su fusil. Sonrió. Y regresa a Ítaca, cargado de emociones y ternura. Siempre es hermoso volver a empezar cargado de experiencias y de amigos. Suerte y adelante.
 Nota final: El relevo en Educación, tras aprobarse ayer mismo la LOE confirma que San Segundo o Calvo Sotelo (tanto monta)  son cuota femenina pura y dura; el retorno a un gobierno socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba – y más concretamente para el ministerio del Interior- significa que el presidente a elegido bien… al personaje. Adelantamos esta idea: nunca sabremos ya la verdad sobre el 11-M. Amén.


 
 

Los manantiales de Zapatero / Antonio Regalado

                          

El próximo día 14,  -Viernes Santo para más señas-  se cumplen 75 años de la proclamación de la II República Española. Los que hemos dedicado algunas semanas de nuestra vida  a estudiarla desde todos los flancos,  sabemos que ni fue tan mala como nunca se nos llegó a contar en clase -siempre llegábamos hasta la Guerra de Independencia-, ni muchos menos tan excelsa como para que ahora la recordemos como un espejo en el que mirarnos.  Fue, sobre todo, un fracaso colectivo que derivó en una guerra incivil que terminó en represión -la represión franquista- exilio interior y exterior y sobre todo, con dolor: con mucho dolor y mucha hambre.

España quedó tan brutalmente destrozada  de parte a parte, que el odio alcanzó a familias, pueblos y ciudades enteros. Pero han pasado nada menos que tres cuarto de siglo. Cuando escucho hablar del pasado me dan ganas de enviar a esos profetas de las bienaventuranzas republicanas al túnel del tiempo para "revivir" aquel infierno y contar sus aventuras. ¡Qué fácil es reescribir la historia desde el cuarto de estar¡  Los estudiosos de la época convienen en  que el protagonismo del PSOE -de Largo y de Prieto esencialmente- contribuyó sobremanera al advenimiento del golpe de julio del 36, como bien advirtiera años antes el bueno de don Julián Besteiro. Pero el cerrilismo de  Niceto Alcalá Zamora la vanidad y miopía  políticas de  Manuel Azaña, la insaciabilidad de los nacionalismos catalán y vasco,  el empecinamiento de Gil Robles, el oportunismo de Lerroux  y el malestar en el Ejército aceleraron todo el proceso hacia el enfrentamiento.

Las mentiras de la represión de Asturias, los asesinatos "nacionales", las venganzas  anarquistas, el entreguismo leninista o los asesinatos "falangistas" son capítulos para el olvido y el perdón. Desde entonces, parapetados en el antifranquismo, la izquierda se cree con legitimidad exclusiva y excluyente para erigirse en la única fuerza  progresista y democrática: lo demás es fascismo. La II República fue peor que un crimen; fue un error colectivo.

En realidad,  avanzó en la educación -se crearon seis mil escuelas nuevas en ocho años- y en ese tiempo se consagró el voto femenino  -con la oposición socialista, por cierto, al creer que la derecha se apropiaría del voto de la mujer- y se progresó en derechos sociales y económicos. 

Resulta a todas luces exagerado (y extemporáneo) dogmatizar  en sede parlamentaria, como  afirmó en el Senado Carles Joseph Bonet  (de ERC) que la II República "ha sentado las bases de lo que hoy conocemos como Estado del Bienestar".  Y cuando menos una desmesura asegurar que estamos en deuda con aquel tiempo tan violento y cruel.

La promulgación de una ley de memoria como ha prometido el Gobierno no será un elemento para restañar las heridas  sino para reabrirlas. José Luis Rodriguez Zapatero se delectaba en la contestación.  Yerra cuando dijo que  "para reconocer aquel periodo de sueños y de lágrimas, lo mejor es contemplar alguno de los anhelos sociales que estaban presentes en el aquel proyecto de país, anhelos que tienen mucho que ver con iniciativas y realidades que la España de hoy contempla como pilares fundamentales de su convivencia. En definitiva, muchos de los objetivos, de las grandes  conquistas que imprimieron los mejores valores de aquella época están hoy plenamente vigentes". Que la Constitución del 31 iluminara la del 78 parece, más que un despropósito, simple desconocimiento del bachillerato

Lo que vislumbramos los observadores de la política es que Zp  bebe constantemente en los manantiales de la tercera década del pasado siglo. Pura estrategia: El PSOE lidera  hoy (como ayer) un proyecto con la izquierda y los "galeuscos"  (un nuevo frente popular) para arrojar a la derecha a las tinieblas.  Es decir, igual que entonces: media manantiales de España contra la otra media. Cainismo. La República fue un periodo revolucionario con más sombras  que luces. Se diga lo que se diga y se cuente donde se cuente.  Por fortuna, los españoles de ahora, no somos los de entonces. Soñar no cuesta nada pero el espejo de la II República refleja, 75 años después, demasiados sueños… rotos.  Las aguas republicanas y subterráneas hay que depurarlas por mucho que tengamos un rey tan republicano.

CAC: El regreso a la censura / Antonio Regalado

Consejo Audiovisual de Cataluña

 

                                                                                 

 

 

    Veinticuatro horas después de que el texto para al Reforma del Estatut de Cataluña -de hecho una estructura constitucional para la nueva "nación"- se aprobaba en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de marzo de 2006,  el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) presentaba en el Parlament  "un plan de cobertura informativa sobre el contenido del proyecto de Estatuto de Autonomía y sobre el proceso del referéndum", previsto para el próximo 18 de junio.  Se trataba de una vuelta de tuerca más para controlar los medios públicos y privados de información audiovisual.

 

      La respuesta a esta censura previa llegaba desde el Partido Popular; el tres de abril, presentaba ante el templo de la soberanía nacional una proposición  no de ley instando al Gobierno a que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual de Cataluña al entender que se vulneran derechos esenciales de los ciudadanos catalanes como el de la libertad de expresión, expresamente protegido por el Art. 20 de la  Carta Magna.

 

    Estaos ante dos secuencias de una guerra abierta en la sociedad catalana para restringir (y si es preciso dinamitar) las libertades. La ley mordaza Audiovisual es un pilar para asegurar la construcción nacional de Catalunya, auspiciada por el gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV)  de la Generalitat. En este informe, repasaremos la corta y polémica historia del CAC,  un organismo que intenta restablecer la censura en la radio y la televisión con el cambio de estatuto.  De hecho, el Consejo Audiovisual es un engranaje político más en la consecución de la autodeterminación.

 

Comité anti-COPE

 

    El martes 24 de enero de dos mil seis, un grupo de periodistas y europarlamentarios españoles, acompañados por miembros de la Asociación Reporteros Sin  Fronteras (RSF) pedían en Bruselas la intervención del Parlamento Europeo (PE) contra la nueva Ley Audiovisual de Cataluña por su "grave vulneración  de la libertad de expresión", al establecer un comité con poder decisorio sobre la "veracidad" de la información publicada.                                        Exigían, ni más ni menos, la derogación del CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) por considerar que estamos ante el principio de la censura previa.

 

    Minutos antes, el ex periodista de la COPE y eurodiputado popular, Luís Herrero, había entregado en la comisión de Peticiones del PE 700.000 firmas de personas que solicitaban la intervención de los poderes comunitarios para  denunciar el CAC y su intervencionismo. Herrero pedía que la petición fuese escuchada  de manera "especial" no solo porque afecta a los derechos y libertades de todos los ciudadanos sino, y sobre todo, porque "se trata de la iniciativa más popular jamás conocida en la historia de la Unión".

 

     El problema se había iniciado, en realidad,  ocho años atrás, con el entonces gobierno catalán del honorable Jordi Pujol que cambió la legislación y sacó a concurso 39 licencias de radio, algunas nuevas y otras ya explotadas por radios existentes, como las cuatro de la Cadena de Ondas Populares Españolas. De ellas, 30 se asignaron sin problemas y el resto se paralizó por las protestas de la cadena del episcopado. La Justicia ha dado la razón a la cadena de la Iglesia en su derecho a conservar una frecuencia en la ciudad condal mientras las otras tres aguardan la sentencia del Tribunal Supremo.

 

    El conflicto se ha agudizado con el nuevo ejecutivo autonómico catalán que preside Pascual Maragall al posicionarse la COPE -y en especial todos sus comunicadores estrella- frontalmente en contra del Estatuto de Cataluña que se debate ya en el Congreso de los Diputados. El Estatut, apoyado en todo momento por el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero,  es, según el PP,  un claro asalto a la Carta Magna de 1978 que ha dividido el país de parte a parte. La inclusión de la palabra "nación" en el preámbulo del texto catalán, el blindaje de competencias y las condiciones financieras negociadas en secreto entre el líder de CiU, Artur Mas, han condicionado toda la vida política y económica (véase la Opa hostíl de Gas Natural contre Endesa) hasta el punto de que la crispación se ha instalado en la sociedad con más virulencia que nunca en los últimos tres decenios.

 

    El proceso en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo  es lento; lo que debiera ser un una mera formalidad se ha convertido en un intenso debate. La periodista del diario madrileño "EL Mundo", Cayetana Álvarez de Toledo, tertuliana de la COPE y portavoz de la demanda pidió el amparo de las instituciones europeas contra los intentos de la Generalitat de "amordazar y acallar a la prensa" mientras comparaba al Consejo Audiovisual catalán con los "órganos censores del franquismo".

 

   Todos los ponentes hablaron de ley restrictiva. Así, la secretaria general de RSF Anabelle Arqui en la rueda de prensa conjunta, dijo estar "sorprendida de que una ley tan restrictiva se haya votado en un país europeo".  Arqui prevé numerosas querellas ante la justicia de la UE porque la jurisprudencia es clara a favor de la libertad de expresión. Por su parte, el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramirez, otro de los firmantes del manifiesto que obtuvo el plácet de casi tres cuartos de millón de firmas apoyo a la COPE y en contra del organismo catalán se quejò de la ’mentalidad inquisitorial del CAC al negar las licencias a la radio de la Conferencia Episcopal por el hecho de que sus presentadores "rebasen" los límite de la libertad de expresión con la intención de denigrar a Cataluña. Ramírez insistió en la gravedad de la ley audiovisual aprobada por el Parlament en diciembre de 2005 por provocar -dijo-  alarma, preocupación e indignación. "No pedimos -enfatizó el periodista liberal-  ningún tipo de impunidad, ni para la COPE ni para otros; estamos sometidos a la Ley y al Código Penal".

 

  El lobby catalán en Bruselas se movió con rapidez para contrarrestar la información y los argumentos de la delegación periodística y europarlamentaria que  protestó por la no renovación de licencias en Cataluña y por la amenaza de cierre. Dirigentes de la Generalitat desmintieron cualquier intención política detrás de la aplicación  "escrupulosa", dijeron, de la ley en la redistribución de licencias de 1998. La guerra no había hecho más que empezar. En el fondo, la mar de dudas constitucionales surgidas a raíz del debate y aprobación en ponencia y comisión del Estatut. "No es una reforma estatutaria -subrayaba el líder de la oposición, Mariano Rajoy- sino una reforma encubierta de la Ley de Leyes.  Por siete votos contra cinco, el Tribunal Constitucional acaba de rechazar  el recurso interpuesto por el PP en un intento de ’parar’ lo que el partido conservador considera el "mayor error histórico de la reciente democracia, de consecuencias imprevisibles y que puede desembocar en un cambio de régimen".

 

    Pero ¿qué es el CAC? ¿qué funciones tiene encomendadas por la ley audiovisual y qué temores ha levantado dentro y fuera de Cataluña? ¿Estamos ante el regreso a la censura? ¿Hemos vuelto a la censura previa propia del franquismo? o ¿estamos ante la reencarnación de la inquisición abolida (oficialmente) por la Constitución de 1812? Estos y otros interrogantes son los que trataremos de desvelar en las próximas líneas.

 

 1. Una autoridad independiente

 

   El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) nace por la Ley 2/2000, de 4 de mayo y amplia competencias sancionadoras en materia de comunicación audiovisual tras refundir el texto en la Ley 22/2005 de 29 de diciembre.

 

   Realmente lo importante en éste, como en otros casos, no es la norma sino el reglamento. Ya lo adelantó a principios del pasado siglo el conde de Romanones: “Hagan ustedes las leyes –explicaba en sede parlamentaria- y déjenme a mi los reglamentos”.  Por eso, conviene detenerse en el Reglamento que desarrolla la Ley Audiovisual y que pone en valor el CAC. El Estatuto posee rango orgánico, o sea, interesa a derechos y deberes de los ciudadanos. En su artículo 1 se define como “un ente público de carácter institucional que, como autoridad independiente dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica de obrar, tanto en el ámbito publico como en el privado, actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.”  

 

     A continuación (art. 1.2) el Consejo  dice “velar por el respeto de los derechos y las libertades que, en el ámbito de los medios recomunicación audiovisual , de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, son reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía y especialmente, garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la programación y la publicidad y de las condiciones de las concesiones así como por la observancia de la normativa europea y los tratados internacionales relativos a esta materia.  El CAC velará, asimismo, por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural en el conjunto del sistema audiovisual de Cataluña; velará por la neutralidad y la honestidad informativas y preservará el cumplimiento de las normas relativas al uso de la lengua catalana y el impulso del aranés”.  Todo el poder, pues, para el CAC. Y en todos los ámbitos.  La independencia de la autoridad audiovisual se completa jurídicamente al consagrar  el artículo 2.1 “su autonomía orgánica, funcional y presupuestaria”.

 

    Los siguientes artículos se refieren a la composición de los órganos del Consejo y de su régimen general; fija las prerrogativas del presidente y de los consejeros, articula los debates y votaciones y define el régimen de incompatibilidades en aras a mantener sus funciones con objetividad e imparcialidad.

 

     El articulo 15 crea los colaboradores técnicos de los miembros del Consejo para asistir de forma puntual a los  consejeros en las materias propias de su ámbito de responsabilidad. (Tiene importancia la contratación de estos colaboradores que pueden tener carácter eventual,  para elaborar informes ‘a la carta’ que  sean sancionados posteriormente de forma políticamente correcta.  La administración del Consejo consta de una Secretaria General e integrada en Áreas:

 

    - Servicios Generales, Recursos Humanos y Gestión Económica, Análisis y Contenidos, Servicio de Licencias y de Operadores Audiovisuales, Investigación, Estudios y Publicaciones, Servicio de Documentación, Mediateca y Archivo y, finalmente, Servicio de Reclamaciones.

 

    Vemos que la estructura administrativa se corresponde con la de un ministerio o una consejería paralela. Ello habría que interpretarlo como la institucionalización de un poder (informativo) dentro de la maquinaria de la Generalitat; trasversal pero no independiente sino al servicio del catalanismo. Y ahora, al servicio del gobierno tripartito en aras a contribuir a acelerare el proceso de “construcción nacional”.

 

Funciones:

 

   No pretende este trabajo desmenuzar el Reglamento del CAC pero, por lo que a la comunicación se refiere, conviene detenerse brevemente en señalar que del Art. 23 (Del Servicio de Análisis y de Contenidos) recoge las siguientes funciones:

 

a) El seguimiento de la programación en los m.c.s.  audiovisuales.

 

b) El seguimiento y análisis de los programas y de los servicios de comunicación audiovisual.

 

c) El seguimiento y el control de las cuotas de programación que establece la normativa.

 

d) El seguimiento y análisis de la publicidad, del patrocinio y de la televenta en los m.c. audiovisuales.

 

e) La supervisión del cumplimiento de las obligaciones deerivadas de la adjudicación.

 

f)  La verificación del cumplimiento de las obligaciones de los operadores relativas al pluralismo.

 

g)  Aquellas otras funciones que expresamente le encargue el Consejo.

 

   Como podemos observar los términos seguimiento, verificación o control explican toda la filosofía que anima las funciones de este organismo, más propias de la creación del orwelliano “Gran Hermano”.

 

   Estas medidas hay que complementarlas con las prerrogativas atribuidas al servicio de Licencias y de Operadores  Audiovisuales. Esta área se ocupa, cómo no, del  seguimiento y control –los mismos términos- de las empresas de producción audiovisuales y de las operadoras en aras a favorecer –dice la ley- la libre concurrencia y la concentración.

 

   Por su parte, el servicio de Reclamaciones (art. 27) informa al consejo sobre las quejas presentadas al Registro relativas a la programación, publicidad, patrocinio y televenta. El servicio puede actuar de oficio o proponer al Consejo la apertura de expedientes. También tiene encargado este servicio el análisis y la valoración global del estado de opinión de los usuarios.

 

    Finalmente, el artículo 28 describe las atribuciones de la Oficina de Defensa de la Audiencia. Corresponde a esta oficina, adscrita orgánicamente a la Secretaría General, orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos como usuarios de los medios de comunicación; asesorarlos y recibir quejas relacionadas con la programación o contenidos; escuchar las sugerencias de los ciudadanos para su consideración por el servicio de investigación y escuchar las  sugerencias de los ciudadanos y de las asociaciones del sector.

 

Atribuciones:

 

    Entre las atribuciones del Consejo (Artículo 30), los denominados procedimientos de vigilancia y control, están los siguientes:

 

     Adoptar instrucciones generales de carácter vinculante dirigidas a los operadores para garantizar el cumplimiento de la legislación, adoptar decisiones –también vinculantes- para sus destinatarios en relación a las quejas formuladas por los usuarios; incoar y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores por las infracciones de la legislación; adoptar las medidas necesarias para restablecer los efectos negativos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, en especial si atenta contra la juventud o la infancia y disponer del cese o rectificación de las emisiones de publicidad ilícita o prohibida.

 

     En posteriores artículos se explica el procedimiento sancionador y el proceso a seguir una vez iniciados los expedientes.

 

 

 

2.- La “mejora” de la ley Audiovisual

 

     El Parlament de Cataluña aprobaba en comisión, con los votos en contra del PPC,  a mediados del pasado mes de diciembre, la nueva Ley Audiovisual con pocas pero significativas mejoras. Sin duda, la más importante, la de conceder plenos poderes al CAC para decidir si una información es veraz, convocar y otorgar licencias y aplicar sanciones.

 

      En la práctica, se trataba de un salto cualitativo del tripartito catalán (PSC, IU-LV-ERC)  para controlar toda la actividad del sector. Según dicha ley, las sanciones muy graves comportarán “multas desde los 90.001 hasta los 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses”.  En suma, el CAC se constituye en un órgano político con competencias judiciales algo sin precedentes en los países que tienen organismos reguladores de lo audiovisual. La ley sostiene que “la información difundida por los medios de comunicación de radio y televisión ha de ser veraz”.

 

    En este punto matiza que “entiende por ello la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna”.  ¿Qué es una información veraz? ¿Qué es una comprobación diligente, profesional y fidedigna? ¿Quién valora la veracidad? Lógicamente, el Consejo tras examinar el informe de los asesores técnicos (nombrados o nominados por el propio CAC).  En suma, un intento de atemorizar a empresas y empresarios no adictos a la causa nacional-socialista. La ley obliga a “distinguir claramente informaciones y opiniones y limita la libertad de expresión e información a lo que este órgano diga que es respeto a la dignidad”. 

 

    La Ley castigará la incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Justo una de las acusaciones  -la de incitación al odio- es la que mantenía ERC a la cadena COPE: ‘odio a los catalanes’.  El diputado popular catalán explicaba su voto en contra, precisamente por atribuirse competencias como si se tratara de un tribunal de justicia.

 

    Paralelamente al debate en sede parlamentaria, las persecución del CAC contra la COPE por su abierta defensa de la Constitución y por su rechazo similar al Estatut  se traducían primero en descalificaciones contra los principales comunicadores de la cadena del Episcopado, luego con amenazas directas contra su sede en Barcelona –no solo se manifestaron elementos radicales alentados por el partido de Carod Rovira sino que en la mitad de la noche fueron detenidos dos jóvenes nacionalistas portando gasolina en unas botellas, previsiblemente para intentar arrojarlas contra la sede de la emisora. Dos semanas después, en plena escalada verbal, elementos llegados de la ciudad Condal con una batería mediatica nacionalista, se encadenaron ante la sede central de la COPE en pleno corazón de Madrid, ante la atenta mirada de dos diputados de ERC que, a continuación, cobijaron a los manifestantes en el Congreso de los Diputados.

 

    Baste recoger lo que la representante de ERC, Carmen Mòdol exponía ante la ponencia para justificar la falta de libertad: “Se establece por ejemplo, el principio de veracidad informativa, que debería quedar grabado en la entrada de algunas emisoras de radio como la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE) donde el principio de veracidad brilla, y es opinión de mi grupo, por su ausencia”.

 

    En ese momento, ante el acoso radical y nacionalista que incluyó a buena parte del Ejecutivo de la Nación, molestos por el apoyo que esta emisora daba a loas protestas por la LOE (Ley Orgánica de Educación, que sustituía a la LODE) el CAC emitió un informe basado en la nueva normativa –odio a Cataluña e información no veraz- amenazando con cerrar durante tres meses –la sanción más grave- la COPE las emisiones en Cataluña.  La recogida de firmas para llevar ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y denunciar el atropello y la arbitrariedad comenzó a multiplicarse por toda España hasta alcanzar las 700.000. El president  Pascual Maragall, tuvo que tomar cartas en el asunto  y parar el expediente sancionador (se quedó en una amonestación pública) porque el conflicto se había desbordado y amenazaba extenderse por todo el país. De hecho, el ministro de Industria, José Montilla en un alarde de prepotencia e ignorancia avanzó que su Departamento preparaba una Ley similar que ha pasado al olvido, aunque mantiene en el Congreso, en connivencia con IU, un Estatuto del Periodista, claramente totalitario e intervencionista en línea con la filosofía que anima la ley catalana que nos ocupa que incluía un Consejo Nacional de lo Audiovisual  con atribuciones similares.

 

   Salvo el Partido Popular que se ha posicionado en contra de este Estatuto del Periodista, cuyos carnés entregarán los sindicatos y el Consejo Audiovisual, solo ha arremetido contra el Alejandro Echevarría, consejero delegado de Tele 5 quien lo ha definido como “un arma de opresión” para los periodistas y para las empresas.

 

   Así las cosas, la situación actual ha desplazado el foco informativo  a  las negociaciones en la recta final del Estatut –ya listo para el Pleno del Congreso de los Diputados- mientras la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudia la situación con calma y pereocupación.

 

 

 

3.- Las reacciones

 

    El intento de que esta Ley mordaza pueda desarrollarse sin oposición y con total impunidad, lo que equivaldría a instaurar no solo la censura previa sino a reverdecer la Inquisición, ha movilizado a todos los organismos mundiales que defienden la libertad de expresión.   

 

 

 

    El Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) han pedido al presidente Maragall y al Parlamento de Cataluña que “restrinjan las facultades sancionadoras del Consejo Audiovisual Catalán (CAC), ya que suponen “un retorno a épocas pasadas de censura y represión”.

 

     A finales de enero, el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) exigió a las autoridades catalanes que “desistiera en su intento de retirar a la COPE sus licencias que emiten en Cataluña”. En Viena, Johann Fritz,  director del IPI –que reúne a directores y responsables de medios del mundo entero- remitió una carta a Maragall y al presidente del Parlamento regional, Ernest Benach, en la que, entre otras cosas, subrayaba: “Se nos ha informado de que le nueva ley otorga una amplia discrecionalidad para determinar lo que es la verdad y lo que no lo es. Tal y como establece del preámbulo, existe un derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje la realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, a su entorno simbólico. Parece que el CAC ha recibido ahora la mayoría parlamentaria poderes punitivas para silenciar voces críticas. El IPI cree que los amplios poderes de censura del CAC no tiene equivalente alguno en la Europa Occidental”.

 

     Gavin O’Reilly, presidente de la WAN, con sede en París y George Brock, presidente del Foro  Mundial de Directores, que agrupan a 180000 periódicos de 102 países,, a 11 agencias de noticias y a 9 grandes grupos de prensa escrita han solicitado que el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión y que retire al CAC su capacidad sancionadora y, con todo respeto, recuerda al honorable president de la Generalitat  “que el Consejo no es un tribunal de Justicia. En la  misma misiva, le hacen llegar su enorme preocupación por la “creación de un órgano político” y recuerdan que la COPE defiende con toda legitimidad y firmeza la unidad territorial de España y está en su derecho de criticar abiertamente el nuevo Estatut”. Finalmente, advierten al líder del PSC que “el cierre de la COPE constituiría una violación manifiesta del derecho a la libertad de expresión, que está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

 

 

 

5.- Los miembros del CAC

 

    Josep María Carbonell. Presidente. Propuesto por el PSC. (Partido de los Socialistas Catalanes) Ex diputado del Parlamento catalán por el mismo partido.

 

     Jaume Serrats. Vicepresidente. Propuesto por Convergencia. 

 

     Juan Botella. Adjunto a la Presidencia. Propuesto por el PSC-ICV/EUA

 

      Victoria Camps. Adjunta a la Presidencia para relaciones con otros consejos. Ex senadora del PSC. Propuesta por el PSC.

 

       Antoni Bayona. Secretario. Propuesto por Convergencia.

 

       Nuria Llorach. Relaciones Institucionales. Propuesta por Unió.

 

       Fernando Rodríguez. Radio. Propuesto por el PP

 

     Doménech Sesmilo.  Presidente de IQUIA. Propuesto por Unió.

 

      Joan Manuel Traseras. Investigación. Propuesto por ERC.

 

                             La composición de todos los miembros confirma el carácter eminentemente político y pluripartidista; por tanto su independencia queda  fácilmente cuestionada por la procedencia de los consejeros y su vinculación con los partidos políticos.

 

                              El presidente Carbonell fue uno de los mayores detractores de la creación de este organismo en tiempos del presidente Pujol. De hecho, en 1999 ante el intervencionismo del govern en los medios de comunicación social declaraba:”Espero que Cataluña no se convierta en un país de talibanes”. Fue ascender al cargo y el converso Carbonell se transformó en un talibán. En declaraciones a El Periódico (7 febrero 2006) aseguraba, respecto al tema COPE que “yo comparto el principio de la directiva europea de que la pornografía está prohibida en abierto…” ¿Pornografía ideológica?, le pregunta la periodista Núria Navarro, y responde: “No lo definiría así. Pero veces se ha producido algo similar”.

 

                          Unos días después, en un magazine de TV3, el actor gallego Pepe Rubianes se había despachado de forma poco ortodoxa cuando le preguntaron por España. Los exabruptos del invitado –“estoy hasta…  de hablar de la puta España…”  se saldaron con una advertencia publica mientras se ponía a la televisión catalana como modelo de tolerancia y convivencia. A la vez se exculpaba al conductor del programa porque “en un directo es muy difícil controlar a los invitados…aunque quizás, no estuvo demasiado diligente”.  La entrevista no tiene desperdicio. Afirmó que el CAC no es la Inquisición ni la censura esté permitida por la Constitución y, a renglón seguido descubre los mandamientos que aparecen en sus tablas de la ley: “No incitar al odio, no ser parcial en las informaciones, no hacer cualquier cosa para tener máxima audiencia y evitar la pornografía”.  En síntesis, los pecados presuntamente cometidos por la COPE y los mismos de los que ha sido acusada por los partidos del tripartito.

 

    En la misma entrevista avanza que hará recomendaciones para informar sobre el Estatuto de autonomía para garantizar el pluralismo. Termina con esta máxima: “en países con larga tradición democrática, se tiende a no judicializar todas las actividades. Así, cuando vas a 200 por hora, la multa te la pone el policía de tráfico, no un tribunal”. Sin comentarios.

 

6. La verdad como coartada

 

    "La verdad está en peligro de extinción”, escribía en el Suplemento ‘Tendencias’, de El País (29 enero 2006) el periodista Vicente Verdú. Incluso la verdad científica, como se ha demostrado con las falsas investigaciones de Hwang Woo-Suk, de la Universidad Nacional de Seúl y sus hallazgos sobre las células madre. Las revistas Lancet y Science  han tenido que modificar sus reglamentos para evitar que  científicos sin escrúpulos  como el coreano anteriormente  citado utilicen sus páginas para proyectarse profesionalmente  y luego se demuestra que todo ha sido pura ficción. Verdú habla de la verdad inventada para concluir “que la demanda de verdad, como el aire limpio, es una obsesión central de nuestro tiempo. Todos mienten y encima sabemos que nos mienten, concluye”.

 

     La cita viene a colación para reforzar la tesis de que en ningún territorio como en los ‘nacionalistas’ se teme tanto la verdad desnuda y la realidad nacional se construye sobre el rumor y la tradición convenientemente inventada. Se fabrica un pasado épico y sobre ello se construye la historia. A los que se desvíen de lo políticamente correcto se le denomina, simplemente, enemigos de la patria, -antipatriotas, pues-, y en última instancia, fascistas. Las críticas de gestión o políticas son ataques a Cataluña, o al País Vasco y eso es un crimen de deslealtad. La exclusión ha comenzado. El CAC no es más que uno de los elementos para perpetuar el miedo, el terror y, eso sí, a la vez la mejor coartada para defender el idioma y la identidad. 

 

    El resultado de esta imposición de la veracidad según los cánones dictados por los políticos nacionalistas es una merma de la libertad. Primero de la libertad de  expresión, luego de la libertad de prensa (escrita o hablada) y finalmente una restricción de la libertad individual. Se transforman los derechos individuales en colectivos… se sublima el concepto nación y los signos correspondientes (himno, bandera y fiesta nacional) y se termina con apostando por la insolidaridad y la secesión.

 

El CAC y el nuevo Estatut.

 

    El nuevo Estatut de Cataluña dedica el artículo 52 a los medios de comunicación social. En su apartado 1 subraya que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también debe ser neutral.

 

    El articulo 82 del mismo Estatut consagra el CAC en estos términos: "El Consejo Audiovisual de Cataluña es la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada. El Consejo actúa con plena independencia del Gobierno de la Generalitat en el ejercicio de sus funciones. Una ley del Parlamento debe establecer criterios de elección de sus miembros y sus ámbitos de específicos de actuación".  (Véase punto 2 y siguientes)

 

    En estos supuestos, organismos como el CAC cumplen una función social de primer orden. Pero ¿qué pasa en otros países de nuestro entorno?

 

7.- Órganos reguladores de lo audiovisual

 

    En un recorrido por Internet, hemos descubierto una treintena de organismos reguladores en esta materia.

 

IBA. Independent Broadcasting Authority.  (Africa del Sur)

 

ALM. Arbeitsgemeinschaft der Landersmedienanstalten (Alemania)

 

CAA. Conseill Andorra de l’Audiovisual (Andorra)

 

ABA. Australian Broadcasting Authority (Australia)

 

CSA. Conseil Supérieur de l`audiviovisuel de la communnauté française de Belgique. (Bélgica)

 

CRTC Conseil de la Radiodiffusion et  des télècomunications canadiennes (Canadá)

 

CNT.Consejo Nacional de Televisión (Chile)

 

CNTV Comisión Nacional de Televisión (Colombia)

 

MBU (Medieraadet for Borfn og Unge (Dinamarca)

 

CAN. Consejo Audiovisual de Navarra

 

FCC. Federal Communications Commission (USA)

 

CSA. Conseil Supérieur de l´Áudiovisuel (Francia)

 

OFCOM.- Office of Commissiions (Gran Bretaña)

 

    Instituciones similares encontramos en Grecia, Hong-Kong, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Malaisia, Malta, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca y Suiza.

 

    Llegados a este punto, nos vamos a detener un momento para hacer una comparativa entre los organismo reguladores europeos. Digamos de entrada que ninguno de ellos tiene poderes que lo conviertan en un tribunal.  Comencemos por La Comunidad Foral.

 

 

 

7.- Consejo Audiovisual de Navarra

 

    Ley Foral 18/2001, del 5 de julio. Modificada por las leyes 17/2002, de 6 de junio y Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo.

 

   La primera de las leyes convierte al Consejo Audiovisual de Navarra (CAN) en la autoridad audiovisual otorgándole funciones de informe y asesoramiento al Gobierno y al Parlamento de Navarra, funciones de control, inspección y sanción.  El CAN realiza un seguimiento de la programación de la radio, la televisión y los contenidos publicitarios de los medios audiviovisuales navarros para garantizar que respetan y defienden los valores y principios constitucionales. De esta manera protegemos a los sectores minoritarios y a los más vulnerables, entre ellos, la infancia, y la juventud. El Consejo vela por el cumplimiento de la normativa, estudia las propuestas de concesión o renovación de licencias  y su capacidad sancionadora no incluye ni el cierre ni la suspensión de programas. Ejerce funciones de arbitraje y mediación  entre la industria audiovisual y los intereses socioculturales, controla la publicidad institucional  y vela porque la publicidad comercial no rompa la normativa en cuanto a contenidos y difusión.

 

    El Consejo Audiovisual de Navarra está integrado por siete miembros, de los cuales cinco son nombrados por el Parlamento y dos por el Gobierno. Los consejeros son elegidos entre personas que destacan por sus méritos profesionales en el sector audiovisual, cultural, universitario y asociativo, como reflejo de la pluralidad ideológica presente en la sociedad Navarra.

 

    Entre las funciones del CAN (Art. 3) este órgano independiente está encargado de "garantizar y promover el respeto a los valores y principios constitucionales y, en especial, la protección del pluralismo y garantizar los derechos de los usuarios".

 

    El CAN forma parte de la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), el Consejo Asesor de Telecomunicaciones de Navarra y la Agencia de Calidad en Internet (IQUIA).

 

 

 

8. Conseil Supérieur de l’Audivisuel  (CSA). Francia

 

 

 

    El Consejo Superior de lo Audiovisual es una autoridad administrativa independiente creada por la Ley del 17 de enero de l989 que garantiza el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual en Francia según las condiciones definidas en la ley de 30 de septiembre de l986, modificada.

 

 

 

    El CSA está formado por un colegio de nueve miembros nombrados por decreto presidencial para un mandato de seis años. Tres de sus miembros, entre ellos el presidente, son designados por el Presidente de la República, tres por el Presidente del Senado y los otros tres por el Presidente de la Camara de Diputados (Asamblea Nacional).

 

 

 

    El CSA se renueva por tercios cada dos años y, las funciones de los miembros son incompatibles con otros cargos, ya sean públicos o privados, y cualquier otra actividad profesional.

 

    El carácter administrativo de este organismo le permite sancionar con multas de hasta 30.000 euros pero en ningún caso tiene competencias conferidas para cerrar o intimidar a ningún medio de comunicación.

 

Hay que tener presente que en Francia la comunicación audiovisual es libre tras la promulgación de la ley 86/1067 del 30 de septiembre, denominada Ley relativa a la libertad de comunicación.

 

 

 

9.-   OFCOM.  (Gran Bretaña)

 

 

 

        La  Comisión de Comunicaciones del Reino Unido cubre el contenido y la infraestructuras de las telecomunicaciones y de todo el espectro radiológico.  Ofcom es independiente del Gobierno pero tiene que reportar un informe anual ante la Cámara de los Comunes; son los "ministerios competentes en las materias técnicas" los que  dan explicaciones a las Cámaras. Ofcom tiene una serie de comités y organismo consultivos (Escocía, País de Gales, Irlanda del Norte y otros regionales para el resto de Gran Bretaña) que proporcionan información al comité ejecutivo.  Ofcom tiene como fundamental misión la defensa y vigilancia de la Libertad de Información, la protección de Datos y asimismo se encarga de regular la relación entre la BBC y los consumidores y usuarios. Le han sido asignadas recientemente competencias en materia de Interne.

 

   Ofcom vigila los paneles de programas de la radio y la televisión pública y privada pero únicamente a efectos de intentar superar todas las formas de discriminación en base al etnicismo, orientación sexual, religión, creencia o edad. Otorga licencias y supervisa su calidad técnica.

 

   Ofcom regula también los estándares de calidad de los medios audiovisuales. Un subcomité estudia la imparcialidad y las quejas tanto de los televidentes y radioescuchas como de los operadores. Su intervención es más bien técnico-política: entre sus objetivos se encuentra el de trabajar para que el servicio público se extienda allí donde no alcanza la iniciativa privada o los mercados; mediar donde se le requiera e investigar mercados constantemente y permanecer en la vanguardia de la comprensión tecnológica.

 

 

 

    Entre sus deberes específicos resaltan los siguientes: asegurar el uso óptimo del espectro electromagnético. Asegurar que una amplia gama de los servicios electrónicos de las comunicaciones -incluyendo servicios de alta velocidad de transmisión de datos- esté disponible en todo el Reino Unido. Asegurar la pluralidad. Aplicar la protección adecuada a las audiencias más sensibles.  Su capacidad sancionadora tiene carácter administrativo.

 

 10.- Estados Unidos.

 

    La libertad de prensa fue formulada expresamente, por vez primera en el artículo 12 de la Declaración de Derechos del Estado de Virginia en 1776. "La libertad de prensa es una de las bases poderosas de la libertad y sólo los gobiernos déspotas pueden oponerse a ella";  Tanto Jefferson como Lincoln apostaron sin fisuras por la libertad de prensa hasta el punto de mantener en público  y en privado -decía Jefferson- que es posible un pueblo sin gobierno pero no puede ser posible un pueblo sin prensa”". Sin prensa libre, naturalmente. Cinco años después, en 1781, se especificaba que  "El Congreso no emitirá ninguna ley tendente a restringir la libertad de palabra o de prensa". La Constitución de l788 no menciona nada explícitamente sobre la libertad de prensa pero todo su espíritu está imbuido por la igualdad y la libertad que se respira del socialismo utópico imperante en la época.

 

    El órgano existente Federal Comunications Comisión, (FCC) solo tiene competencias para ordenar las telecomunicaciones en el plano técnico.

 

11.- El CAC en el  filo de la actualidad.

 

     El Consejo Audiovisual de Cataluña ha estado  (y continúa) en el centro de la información cotidiana durante los últimos meses. La crisis abierta durante el debate del Estatut, tanto en el trámite en el Parlament como en su proceso en el Congreso de los Diputados ha polarizado la atención de toda la prensa y ha ocupado el primer plano en la discusión política. El respaldo al texto estatutario del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en los momentos más conflictivos –incluso en los momoentos de ruptura de ruptura- ha roto las relaciones PP-PSOE y  ha dañado la política antiterrorista contra ETA. Los populares creen que el Estatuto, con estructura constitucional,  es una bomba de relojería en las entrañas de la Carta Magna de l978. Los socialistas consideran que las reformas son legales y que el texto volverá a Barcelona ‘limpio como una patena’.

 

     En sede parlamentaria, mientras los ataques a la COPE llegaban desde Cataluña, el líder de IDC, Josep Antoni Durán y Lleida  acusaba  a los periodistas de la cadena episcopal de “mercenarios”. Luego, ante el revuelo levantado, aclaró que solo se estaba refiriendo a los “grandes comunicadores”; la situación se tornó tan kafkiana que el propio Durán, viajó al Vaticano para explicar que “algunos obispos han tenido posturas exageradas sobre el Estatuto de Autonomía”.

 

    Hay que aclarar que Durán es un católico practicante y lidera Unió Democrática de Cataluña, partido adscrito a la Internacional Democristiana. ¿Cómo interpretar que un hombre moderado como Durán pueda subir al estrado del Congreso para insultar a los periodistas?  Todo hay que entenderlo en el ambiente creado por la polémica suscitada por la reforma del Estatuto, polémica trasladada  a los medios y a la calle.

 

     La tensión ha calentado el ambiente. ERC con declaraciones provocativas –no al apoyo de Madrid como capital olímpica- o en manifestaciones para pedir la Independencia amparándose en que Cataluña es una nación ha contribuido a mantener el fuego de la crispación encendido. Y, por ende, si son una nación tienen derecho a decidir su futuro. Como puede colegirse una idea-fuerza defendida por la izquierda abertzale en Euskadi y por el lendakari Ibarretxe.

 

    Esquerra Republicana de Cataluña pedía el último día de enero al fiscal general del Estado que actuara contra una obra de teatro “anticatalana”   en la que un personaje de “El Mago de Oz” se disfrazaba con unas alas azulgranas, los colores oficiales del “Barça”. La polémica llegó hasta el Parlamento catalán donde todos los portavoces acusaron al PP de “realizar una política de tierra mojada”.

 

    Los que creemos que la mejor ley de prensa es la que no existe, coincidimos con Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en que los organismos reguladores que se proponen, antes incluso de que puedan acreditar su independencia, están dotados de facultades fiscalizadoras con tufo de amedrentar a los medios y a los periodistas. Otra forma de “meter en cintura a la prensa”.

 

   El 24 de marzo de 2006, el propio presidente del la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles) solicitaba al Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) las nuevas competencias del CAC por considerar que vulneran el articulo 20 de la Carta Magna del 78 y "suponen un atentado contra la libertad de expresión". En concreto la FAPE se refiere a la capacidad para juzgar y sancionar  contenidos informativos de los medios de comunicación  que le atribuye la ley. Fernando González Urbaneja, presidente también de la APA (Asociación de la Prensa de Madrid) argumenta en su petición: "Creemos que los consejos audiovisuales y el CAC en concreto funcionan bien y pueden contribuir al mejor funcionamiento de los medios, a ordenar el sector y a evitar el partidismo. Pero no deben irrumpir en campos que no son de su competencia . Si se equivocan en sus atribuciones y entrana valorar contenidos informativos con capacidad para sancionar, suspender e incluso cerrar un medio, creemos que violan el articulo 2= de la Constitución".

 

     La petición al Defensor del Pueblo -institución que puede interponer recursos de inconstitucionalidad- se ha hecho después de haberse solicitado a la vicepresidencia primera del Gobierno de la Nación y a los partidos políticos.  El Defensor se ha mostrado interesado y tiene de plazo hasta finales de mes para interponer o no el recurso ante el TC.  González Urbaneja recordó que la aprobación que el informe del CAC sobre la COPE, anterior a la aprobación de la ley catalana "fue un indicio; ahora el Consejo podría pretender incluso la suspensión de emisiones de la cadena por un tiempo, algo que, resulta muy alarmante y exige salir al paso".

 

   La asesoría jurídica de la FAPE ha explicado que el articulo 20 consagra derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información y "solo podrá ser modificadaza por una ley orgánica que tiene que ser aprobada por el Congreso y por el Senado". "Al CAC se le están dando una serie de atribuciones -sostiene el informe- que entendemos suponen una limitación de los derechos fundamentales"

 

   Confiemos en que la iniciativa parlamentaria popular contra el  Consejo Audiovisual de Cataluña sea resuelto de inmediato y se restituyan en plenitud todas las libertades. Por supuesto que el defensor del Pueblo no se "mojó". Los populares, en su exposición de motivos, firmados el 3 de abril, "consideran que estamos asistiendo en los últimos tiempos a una sucesión de graves amenazas a las libertades de expresión y de información; la interrelacionan con la ruptura del consenso constitucional con grave riesgo -aseguran- de que las voces discrepantes respecto a poder político intenten ser acalladas".

 

     Los diputados populares argumentan que "estamos ante una deriva involucionista, que rebaja la calidad de nuestra democracia y creen que el CAC  se extralimita en sus competencias inspectoras y de control y sobre todo, sancionadoras, llegando incluso hasta la suspensión temporal de incluso definitiva del medio de comunicación, entre los que se incluye la exigencia, por ejemplo, de hacer una separación clara entre informaciones y opiniones y respetar el principio de veracidad en la difusión de la información (articulo 76 F, de la Ley del CAC).

 

      El GPP cree que el CAC en plenitud de funciones puede abrir una peligrosa deriva a conductas totalitarias. Comparte preocupación con los más importantes medios de comunicación (no catalanes). Y explica que, en palabras de “El País”, “se abre un camino extremadamente peligroso”; A juicio de “El Mundo”, la nueva Ley aprobada “tiene un espíritu  inquisitorial y antidemocrático”;  “ABC”, dice que “constituye  un “ordenamiento jurídico amenazante para la libertad de información”; Según “La Razón”, “habría que remontarse al régimen anterior o a sistemas dictatoriales como el cubano para hallar una formulación legal semejante”.

 

    Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la siguiente proposición no de ley:

 

1.-    El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Audiovisual de Cataluña, por vulneración del artículo 20 de la Constitución, con el efecto de su inmediata suspensión al amparo de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución.

 

2.-    El Congreso de los Diputados declara su compromiso en la garantía de las libertades de expresión e información y del pluralismo informativo, y reconoce el papel trascendental que los medios de comunicación han desempeñan en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el control democrático de la actividad de la actividad de los poderes públicos”.

 

    La experiencia parlamentaria nos enseña que esta proposición no de ley será derrotada en la Cámara Baja. No obstante, al PP le cabe el derecho de recurrir directamente al Tribunal Constitucional.

 

      Volvemos al principio. El Consejo Audiovisual de Cataluña ha propuesto directrices y recomendaciones, tras la aprobación del Estatut en el Congreso de los Diputados, sobre la información relativa al propio Estatuto de autonomía en las que propone siete medidas  -de obligado cumplimiento para los operadores públicos y orientativas para los privados-  que "han de guiar la actividad de los medios en el periodo previo a la realización del referéndum".  El objetivo, según el presidente del CAC,  Joseph María Carbonell, es el de asegurar que la información sobre el proyecto del Estatuto sea de máxima calidad y rigor, servida con objetividad e imparcialidad para conseguir "una opción de voto meditada y bien fundada".

 

   Por lo expuesto puede comprobarse fácilmente que el CAC es un órgano político con competencias judiciales único en el mundo. Y que, además se otorga atribuciones que vulneran el artículo constitucional (de oro) para el periodismo: el 20, que consagra la libertad, de expresión, información y opinión.

 

 Por tanto, hemos de seguir luchando por la libertad. Porque sin libertad no hay nada, sólo el vacío y la barbarie… O por decirlo con palabras más claras: nos asomamos a la antesala del autoritarismo. Entiéndase, desgraciadamente,  al resurgir de la censura.

 

 

 

 

 

Tal como somos / Antonio Regalado

                         

       Reconozco la fatal atracción que me produce releer entre líneas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Más allá de los datos políticos, sobre si el PSOE siente en el cogote (o no)  el aliento del PP  (o viceversa), en el ecuador de la VIII Legislatura, lo más interesante es siempre la letra pequeña. Unos datos: en nuestra Región la inmensa mayoría de las personas se instala en la clase media lo que explicaría su militancia en el centro-centro. Se declaran católicos el 86.7 mientras los no creyentes son minoría: el 6.6.  Uno de cada tres castellano-leoneses va a misa los domingos y fiestas de guardar; un porcentaje ligeramente menor  acude a la iglesia varias veces al año; cuatro de cada diez casi nunca y tan sólo el  3 por 100 acude a los oficios religiosos varias veces a la semana.
    La tierra –agricultura y ganadería- concentra la máxima actividad, (15.1); la construcción  (14.9) y el comercio al por mayor y al por menor (11.5)  rediseñan el panorama socio-laboral. Que 7 de cada 10 paisanos hayan alcanzado el más alto nivel de estudios oficiales (LOGSE, ESO, FP y Bachillerato) no augura nada bueno.  La cosecha de universitarios, excelente. Preocupa, no obstante, la emigración de los más capaces. La pirámide poblacional mueve a la reflexión: más de la cuarta parte ha sobrepasado ya los 65 años.  ¿Sabían ustedes que  8 de cada 10 c-l nacimos  en la propia tierra y que ésta es la CA donde hay tantos hombres como mujeres?
     El último barómetro autonómico nos revela, además,  a) que nos sentimos orgullosos de ser tan españoles como castellano-leoneses; b) que el nacionalismo es un  esnobismo a uno y otro lado del Duero; c) que nadie apuesta porque CyL se denomine nación; d) que los ciudadanos nos situamos mayoritariamente distantes de los dos partidos tradicionales; e) que ‘pasamos’ de las Cortes y de los procuradores; f) que nos interesan un rábano los estatutos de Cataluña y de Valencia. Ítem más: que las reformas en marcha son una invención política. ¿Y la Constitución? No me toquéis la rosa.
   Por lo demás, las preocupaciones cotidianas coinciden con las del resto de los españoles: paro,  vivienda, sanidad,  despoblación del medio rural, llegar a final de mes, inmigración, y falta de tejido industrial. Por fortuna no padecemos la psicosis de las grandes ciudades en inseguridad y  sequía.
   Un último apartado: el líder del PP, Juan Vicente Herrera  debería reflexionar por qué  no inspira confianza suficiente al personal. La explicación pudiera estar en que poco más de la mitad de los encuestados  acierta a identificar su nombre como presidente de la Junta. Mucha honradez en la gestión sí, pero escasa capacidad de comunicación con la calle. No quisiera yo escribir una crónica política al uso  sino simplemente poner en valor datos contrastados. Diera la impresión de que nos hemos vuelto conformistas y despreocupados. Mirando al futuro vemos el vaso medio lleno en lo político y medio vacío en lo económico. Tal como somos.

El blindaje del Ebro / Antonio Regalado

                        

   El Estatut  ha blindado el Ebro. El Tajo se ha convertido en el oasis de Levante. El Consejo de Ministro aprobó el trasvase de 38,5 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura para abastecimiento humano. El Gobierno ha hecho oídos sordos a los informes de  CLM y Murcia y ha optado, por una solución técnico-salomónica. De abril a junio se garantiza el consumo. ¿Y si no llueve? ¿Y qué pasa con los regadíos? El portavoz del gobierno murciano ha avanzado que en abril se podría autorizar un “riego de socorro”. Ordeñando el Tajo.
  
    Pocas decisiones han sido más polémicas (y quizás, más equivocadas) que la paralización del Plan Hidrológico Nacional (PHN), por el mero hecho de que lo había planeado el último Ejecutivo Aznar.  El agua es de todos y el fuego no tiene fronteras como, desgraciadamente, hemos comprobado en nuestra propia tierra.  El paisaje calcinado no es menos descorazonador que contemplar cómo los damnificados –las víctimas- han tenido que ser escuchados en Bruselas cuando no pudieron contar su verdad ni en las Cortes Regionales ni en el Congreso. Convendrán  en que la comisión de investigación fue una farsa.
     La última entrega del CIS certifica que las preocupaciones más inmediatos para los ciudadanos son, por este orden, los incendios forestales (86.2 por 100), la escasez de agua (77.4), la ocupación de espacios naturales (70.9), la pérdida de tierras de cultivo (63.9) y la erosión de suelos y la desertificación (56.2).  Una pregunta posterior  subraya que las medidas más efectivas para afrontar la sequía serían: el ahorro de agua, la construcción de pantanos, las campañas de concienciación, hacer trasvases, construir plantes desalinizadoras y eliminar los campos de golf.
    Son datos para la reflexión política  y para darnos cuenta que la calidad de vida pasa por cuidar el medio ambiente. El Centro de Investigaciones Sociológicas constata que los españoles creen que las desgracias más próximas estánn en los incendios forestales y en la misma proporción, el terrorismo. El alto el fuego de ETA inclina la balanza hacia la primera situación.
     Que el Gobierno socialista haya optado por un trasvase moderado no soluciona el problema porque los niveles de la cabecera del Tajo  se sitúan en 332 millones de hectómetros, el 54 por 100 de su  capacidad.  CLM ha recepcionado el pasado año, axddmás, 60.000 viviendas, la décima parte del parque nacional.   La Junta ha aprobado la ampliación del sistema de Picadas a la Sagra. Bien. La CHT limita el uso de agua a los regantes del Alberche y Valcárcel y Barreda “presionan” a Cristina Narbona. Insuficiente. El agua es un producto escaso. Y el consumo no puede ser infinito. 
    Los populares aragoneses piden a sus correligionarios de Castilla-La Mancha, Murcia y Levante que no insistan en el extinto PHN porque el agua se asocia a un sentimiento que supera el análisis racional.  Y Camps quejándose con dinero público de que el agua se va al Mediterráneo por el delta junto a Tortosa.  La guerra del Ebro ha terminado tras aprobarse el Estatuto de Cataluña. Pero la batalla se traslada ahora hasta el corazón del Tajo, en Cuenca.  Solo queda rezar.  O algo más efectivo: que llueva. Tiene que llover  a cántaros en este mes de abril recién estrenado.



 
 
 
 

El jarrón /Antonio Regalado

                           

El reloj de la historia marcaba en el hemiciclo las 3:39 (pm). Y el presidente  Manuel Marín leyó el resultado: 189 votos a favor (PSOE, CiU, ICV, PNV, BNG y CC); 154 en contra  (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (CHA y Nafarroa Bay). Había roto la lista tras el sorteo por ’insaculación’  (extracción de bola) el diputado 239, don Paulino Rivero. La votación, -la sesión de retratarse- duró 33 minutos. El público invitado, en su mayor parte del ’Govern’ y del ’Parlament’ arrancó un aplauso unánime al que se unieron los diputados partidarios del sí. Todos dirigieron la mirada al anfiteatro central donde, en pie, sonreían y aplaudían a la vez  Maragall y el ex president  Jordi Pujol.
Cuatro meses escasos -desde el 2 de noviembre- para que el Estatuto de Cataluña, regrese a Barcelona ’limpio como una patena", según predican los firmantes de la buena nueva. Nunca en menos tiempo, esa es la verdad, se ha generado más crispación. Y uno, en su ingenuidad, pensaba que tras el encuentro Zapatero-Rajoy con la tregua etarra de fondo había llegado la distensión  a la cúpula de los partidos; pues no.
La posición del ministerio fiscal en el procesamiento de Otegi ha hecho reconsiderar a los populares que el presidente del Gobierno no dijo toda la verdad a don Mariano. Creen que hay compromisos con ETA-Batasuna. ¿Es Arnaldo el interlocutor impuesto por la banda? Parece que sí, al menos por los contactos preliminares del lendakari. Que Patxi López sea su valedor minutos antes de comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska, confirma que no va  a resultar fácil la verificación de intenciones etarras. Los populares creen que el cambio de la fiscalía no pidiendo el encarcelamiento sin fianza, al estar Otegi en libertad condicional es un claro retroceso de las conversaciones de Moncloa.  ¿Y lo de Marbella? Pues nada es casual. Una maniobra de distracción diseñada por Conde Pompidu.  Pero de la paz nos queda casi todo por contar o especular (que tanto monta).
La estrella de la jornada parlamentaria -siete horas y media largas- fue sin duda, dentro y fuera, Artur Mas. Le saludo en los pasillos segundos antes de que llegue el presidente; se hacen un "guiño de complicidad" -y se saludan como dos baloncestistas-  guiños que repiten en la calle, un segundo antes de que el jefe del gobierno se introduzca en su Audi blindado y de cristales tintados camino ya de La Moncloa.
En su fuero interno saben que son ellos, y sólo ellos, quienes han sido los arquitectos e ingenieros de la construcción de este texto.  Para lo bueno y par alo malo. Y como me confesaba Mas hace unas fechas en  la planta noble del hotel Puerta de América, ’solo por ver en el frontispicio del preámbulo la palabra nación hubiera merecido la pena renunciar a todo lo demás".  Y ahora la consagra el Congreso.
Maragall ofreció una rueda de prensa que pareció un velatorio. El convergente Mas se lleva los honores y la gloria. Aprieta las manos con fuerza, como si lo hubiera aprendido  directamente de Adolfo Suárez. No excluye a nadie ni de los saludos ni de las sonrisas. Y no se lo creerán, pero el ministro más aplaudido mientras se retrataba con el ’si’, fue Montilla; sí, don José, el defensor de la OPA  de Gas Natural contra Endesa que se dejó regalar 1000 millones de pesetas de La Caixa.  Luego todos, y al decir todos quiero decir todos los del sí (estaban desde Llamazares a Carme Chacón) lo celebraron con cava  y cóctel en el hotel Villa Real, donde el Molt Honorable actuaba de anfitrión.
¿Y los populares? Pues hay que decir que Mariano Rajoy estuvo a su altura. Advirtió de los peligros que entraña aprobar un Estatuto con un escaso apoyo parlamentario (el 54 por 100); habló de desvarío discriminatorio, de texto inconstitucional e intervencionista y dejó en el aire esta sentencia: "estamos en el principio del fin del Estado". ¿Qué van a a hacer ahora con los tres millones y medio largos de firmas recogidos para pedir un referéndum?
 
ERC estuvo coherente: "Es un buen estatuto -decía Puigcercós ante Bargalló y Benach- para una región de España pero no para Cataluña que es una nación; por eso votamos que no. Antes había dejado en el estrado esta idea-fuerza fijando su vista en la bancada de la derecha: "El jarrón de España, -ya ven- no se ha roto"
El presidente ZP que se resiste a presenciar los derbis Barça-Real Madrid -no asistirá tampoco al palco del  Nou Camp-, envió por delante a la vicepresidenta, lady Maria Teresa  Fernández de la Vega, que estuvo aseada (en azul esmeralda con joyas a juego y pendientes verde jade)  y al mago Rubalcaba que contraatacó con  diez argumentos para destrozar las diez "vilezas"  -dijo- de don Mariano.
La suerte está echada. El Senado apenas mejorará el texto. Rubalcaba dixit. CiU, CHA e ICV se felicitaron por lo conseguido pero en vez de meterse con el PSOE por haber utilizado la guadaña y la tijera de podar arremetieron con el PP sabiendo que en el escaso tiempo disponible de Rajoy -30 minutos para cada grupo- no hay  posibilidad de que le desmonten las coartadas. ¿"Qué quiere que le diga a Labordeta",  confesaba a los periodistas un Rajoy resignado?
La lealtad de que este texto perdure no la garantiza nadie; por tanto, no es prematuro vaticinar que las reivindicaciones para alcanzar el techo aprobado a finales de septiembre, comenzarán en cuanto se apaguen los ecos de la corrupción de ERC y su líder, Carod Rovira,  se recupere de los ataques al corazón.  ("Ya saben que ERC es como Rappel, echa las cartas y las cobra").
 
En resumen, que hay que embridar el azar. No hay duda de que la crispación se rebajará porque en el Senado se hace poco ruido. El PP traerá al debate en la Comisión General de Autonomías a sus siete presidentes de CCAA. Será la última batalla (mediática). También nos filtran que Maragall tendrá sus minutos "Warhol" para recuperar la inocencia perdida.  Habrá que esperar unas semanas hasta que se pase el empacho "post alto el fuego" para saber si Mariano Rajoy es el interlocutor exclusivo en materia antiterrorista, el otro gran asunto de Estado, pendiente de aprobar. España no es un jarrón chino, precisamente. Pero atravesamos un momento frágil.
Paralelamente al debate en el Congreso, unos metros hacia el norte, en la Casa de América, Planeta presentaba el libro de Manuel Ortiz "Adolfo Suárez, el bienio prodigioso" (1975-77). Alfonso Osorio, otrora vicepresidente loó la figura del hombre de Cebreros "Nadie ha hecho más por España en menos tiempo",  mientras su ministro de Trabajo  y ex presidente del TC, Manuel Jiménez de Parga se dolía de lo ingrato que ha sido la sociedad con el ingeniero de la Transición. "Si A.S. levantara la cabeza, su tristeza sería infinita; como la de muchos de nosotros". Asistimos 150. Ni uno menos.
Que cada cual se aplique la reflexión y recuerde a Bergson: "Es la hora de pensar como hombres de acción y de  actuar como hombres de pensamiento".


 

Adios, crispación, adios / Antonio Regalado

   Le ha saludado a pié de "Audi" blindado  y le ha vuelto a estrechar la mano tras subir la escalinata de Palacio. Un gesto que no ha pasado desapercibido. Este ha sido un encuentro bien diferente a los anteriores.  Zapatero quiere que Rajoy, que todo el PP, sea el socio preferente en las negociaciones con ETA. Para lo bueno y para lo menos bueno. Y no sólo porque cuente con diez millones de votos sino porque una gran parte de esos votantes centristas  se alinean con la tesis de  las víctimas, que no deben quedar al margen del proceso de negociación.
   La lealtad popular está condicionada a que no se pague un precio político y a que el Estado de Derecho no se permita ninguna  tregua. Lo más importante del encuentro es que, según el líder de la oposición, el presidente del Gobierno le ha dado garantías de que no hay "ningún compromiso previo con la banda terrorista". Este sería el mejor punto de arranque para que el dialogo entre los dos grandes partidos volviera a los cauces del 10-M.  Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo para acabar con ETA (hasta su disolución) y le ha reclamado que no dé pasos en falso.
   Que Rodríguez Zapatero haya acudido a la sala de Prensa de Moncloa para explicar su posición, prescindiendo de la vicepresidenta-portavoz o del secretario de Estado solo tiene una lectura: se han desbloqueado las desconfianzas mutuas durante las dos horas y media de conversación.  O por decirlo de otra manera, el diálogo o la negociación o lo que sea se hará de forma "directa y casi exclusiva" con el presidente del Partido Popular. Más nos vale a todos.
   Hay que constatar el alto el fuego, informar a la ciudadanía y al Parlamento, convocar el Pacto antiterrorista con urgencia y actuar con altura de miras; es decir, pensando en España y no en el ombligo de los partidos. Tras dos años largos de recelos  y de engaños masivos, Rajoy y Zapatero se han convencido de que el reto de los terroristas tiene que servir, antes que nada, para unir a los demócratas. Más que nada porque el calvario puede prolongarse varias legislaturas. El círculo rojo marcado por  el líder de la oposición tiene en la Constitución el mejor terreno de juego abonado.  Al jefe del Ejecutivo le corresponde ahora fijar la hoja de ruta,  mover ficha (e informar directamente de cualquier movimiento) al propio Rajoy. El dialogo, la cooperación y la lealtad   van a marcar el ritmo de los próximos meses.  El camino no va a ser fácil porque el comunicado de ETA es simplemente volver a la Alternativa KAS. Y nadie descarta tampoco que, en la mitad del camino, una parte de los terroristas -siempre los más violentos- decidan echarse al monte con todas las armas. Es un riesgo que merece la pena correr. Juntos podemos vencer al terrorismo. Definitivamente. En todo caso, de los saludos, los tonos y las sonrisas hemos aprendido en este último martes de mes que la crispación (política)  se ha ahuyentado. Como por encanto. Adiós crispación, adiós.

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